El primer año de gobierno, con la bandera a cuadros a la vista
El final del año está a la vista, como la bandera a cuadros en la recta final de las carreras, y se vienen los tiempos de pasar raya y hacer balances.
Es cierto que se trata de un año especial, “corto” para el gobierno que se inauguró en marzo y que, como es la norma, en el primer año debe ejecutar el presupuesto del que le precedió. También es corto a la hora de pedirle cuentas por las medidas concretas que pudo realizar: un equipo nuevo, con muy escasos “repetidores” de los gobiernos anteriores del FA, en el que, como siempre pasa con los gobiernos, son apenas unos pocos los que hacen casi todo. En ese sentido, he visto que se reclama al MEF por la falta de medidas desregulatorias o con nuevas y mejores regulaciones. Han sido pocas hasta ahora, quizá por las razones antes expuestas, y cabe aguardar con confianza a la próxima instancia presupuestal, la Rendición de Cuentas, para ver si hay novedades.
¿Cuáles fueron los hitos del año en materia económica? En mi caso, veo al menos tres con nitidez: las pautas para los Consejos de Salarios, el Presupuesto y la política monetaria cambiaria. En definitiva, lo que se refiere a las tres políticas económicas relevantes, que, dicho sea de paso, deben guardar consistencia entre sí para evitar daños colaterales.
Antes de ir al grano, creo necesario insistir con dos premisas relevantes a la hora de analizar las políticas públicas, de modo de evitar la extendida pretensión de dictar cátedra desde el Olimpo. Una, siempre hay que tener en cuenta las restricciones que la política le impone a la economía. No hasta el extremo de rendirse ante ellas, siempre hay que dar todas las batallas por las ideas, pero sí tenerlas en cuenta. Dos, tener presente el mandato con el cual un gobierno llega a la administración. No resulta justo exigir lo que no formó parte del programa que eligió el cuerpo electoral.
Por ejemplo, este gobierno no llegó con el mandato de bajar el gasto público, como hubiera sido deseable y como sí llegó el anterior y que en vez de bajarlo lo subió. Eso no implica que, llegado el momento, y enfrentado ante las circunstancias que se presenten, no deba hacerlo, pero no parece lógico reclamárselo en los primeros minutos de juego.
Tanto en el caso de las negociaciones salariales como del presupuesto, este gobierno, como los anteriores, no innovó significativamente. Todo lo contrario, dio por bueno lo que venía desde atrás y apenas le introdujo cambios marginales. En el caso de las pautas salariales, destaco la desindexación: estimo que, en estos dos años de su vigencia, no habrá “gatillos” salariales. Contra todos los pronósticos, sorprendió la buena sintonía entre el MEF y el MTSS.
Pero el grueso del contenido de los convenios salariales seguirá tan campante, aún cuando es propio de épocas pretéritas y pide a gritos un aggiornamento.
Con el presupuesto, además de introducirse cambios marginales, sigue sin haber una evaluación de las políticas, de los gastos asignados a cada agencia pública.
El presupuesto plantea un escenario optimista, lo hemos dicho casi todos. Un crecimiento económico previsto en más del doble de la tasa anual del decenio precedente, previsiones de ingresos por nuevos impuestos que siempre son de difícil estimación y expectativas de mayor recaudación por una mejor eficiencia de la oficina de impuestos.
Dicho sea de paso, ese crecimiento económico, de casi 13%, se repartiría aproximadamente por mitades entre empleo y salario real.
De ese modo, en la segunda mitad del período mejorarían las cuentas públicas, sólo por presuntos mayores ingresos (los gastos acompañarían al PIB) y en la antesala de la campaña electoral, lo que sería excepcional: sólo sucedió en el gobierno de Jorge Batlle, por la necesidad de alcanzar objetivos extraordinarios de resultado primario tras la mayor crisis de la historia.
Dicho lo anterior, si se crece menos, habrá menos para repartir entre salario real y empleo y con pautas salariales dadas, lo sentiría el empleo (como en 2015-2019). También, menos crecimiento implica menos recaudación y si se mantiene la meta fiscal, se deberán subir impuestos y/o recortar gastos… en la antesala de las elecciones.
El Presupuesto también trajo novedades en materia impositiva, que han tenido ajustes lo que muestra que el MEF dialoga, escucha y tiene “marcha atrás”, lo que es necesario en política. Impuestos que, más allá de lo que rindan, tienen un propósito más “conceptual”, son medidas que fueron pensadas para ajustar y corregir el sistema vigente.
La otra novedad presupuestal consiste en el ajuste de la institucionalidad fiscal fortaleciendo al Consejo Fiscal Asesor y mejorando la regla fiscal de acuerdo con los avances teóricos en la materia, siguiendo los consejos, entre otros, de técnicos externos que venían trabajando con las anteriores autoridades. O sea que no hay disrupciones ni aflojamientos en juego. Lo que sí, me queda la impresión (sólo eso, sin mayor fundamento) de que el tope de la “deuda prudente” es algo elevado.
También hay una mejoría en materia de transparencia al considerar a las inversiones que quedan por fuera del perímetro de la regla fiscal a la hora de informar al Parlamento. El MEF mantuvo la definición de ese perímetro tal como venía, para mi gusto demasiado acotada y dejando por fuera a vastas áreas del sector público.
Finalmente, la política monetaria cambiaria, que sigue estribando en mantener la inflación en línea al costo del atraso cambiario, por el mantenimiento de las inconsistencias entre las políticas económicas: monetaria contractiva, salarial consistente y fiscal expansiva.
Es claro el mejor manejo de las Letras de Regulación Monetaria, que ha permitido una caída considerable de sus rendimientos del orden de 2% en los últimos seis meses, señalizando el camino de la Tasa de Política Monetaria que por ahora sólo bajó en un punto porcentual.
En cuanto al loable propósito de desdolarizar, que reconoce implícitamente la poca fuerza de la política monetaria, temo que no habrá avances que permitan perforar las cabezas dolarizadas de nuestra sociedad.


