El Diálogo Social parió un ratón

El título seguramente refleja el sentimiento de muchos participantes del Diálogo Social (DS), notoriamente el PIT-CNT, en consonancia con la decepción que provocó el nacimiento del ratón en la conocida fábula “El parto de los montes”.

En una columna anterior (“El surgimiento de una agenda paralela a la del MEF”, del 9 de marzo de 2026) me referí a las prevenciones que debían tomarse ante la inminente definición del DS, a partir de la difusión de declaraciones de su Coordinador, funcionario de la OPP y representante del Gobierno sobre el contenido de sus conclusiones.

Entre éstas, que se señalaba que tendrían el mayor carácter vinculante (obligatorio) que fuera posible, había algunas que requerirían de un financiamiento que en ese momento no estaba y que aparecería más adelante, sugiriéndose en algún caso una suerte de segundo IRPF para ello. También se anunciaba lo que luego se concretó: la propuesta de bajar de 65 a 60 años la edad de retiro para determinadas situaciones y la idea de acotar el ámbito de acción de las AFAP como medio para abaratar su costo.

Cuando se conoció el texto final del DS los temores arreciaron porque se confirmaba todo lo que antes se había anunciado.

De los cuatro bloques tratados por el DS, el de la protección a la infancia ya se encaminó con mayores recursos en la Rendición de Cuentas (sin que ello implique que el tema esté finalizado y que no haya nuevos capítulos en instancias futuras) y la discusión política se centró en la pertinencia de la condicionalidad de las prestaciones. No habría acá un riesgo fiscal relevante.

El bloque referido al sistema de cuidados es el que menos notoriedad ha tenido, y, salvo que me haya perdido algo, nada se ha resuelto al respecto todavía. Para financiar este capítulo es que se hablaba de un segundo IRPF.

En el caso de la reducción de la edad de retiro a los 60 años (con 30 de trabajo), que sería excepcional y regiría para el caso de la población más vulnerable, efectivamente habrá un costo fiscal, pero tengo la impresión de que él será menor al que muchos temen: por un lado, porque los beneficiarios tendrán incentivos (mediante las tasas de remplazo) para que sus años de trabajo se extiendan y, por otro lado, porque desde hace añares la edad media de retiro es de casi 64 años (aún cuando la edad de retiro, como regla general, era de 60).

Y, en al caso de las AFAP, el DS dio lugar a una propuesta trasnochada que generó fundado temor en varios ámbitos porque fue vista como un primer paso hacia una estatización del sistema, al sacar de las AFAP la gestión de las cuentas de ahorro previsional y dejar que ellas sólo se ocupen de invertir y rentabilizar los ahorros. Esta ocurrencia tenía el propósito de abaratar el costo del sistema. En la referida columna de marzo yo me preguntaba si para ello no sería mejor ampliar el menú de instrumentos en los que las AFAP pudieran invertir de modo de “rentabilizar los ahorros”, como ellas mismas han planteado desde siempre.

De hecho, los temores referidos alcanzaron a fondos de inversión que tienen en sus carteras títulos de deuda pública uruguaya. El “ruido” generado por el DS en esta materia hizo temer por la posible afectación futura del papel de las AFAP, que son un jugador relevante en el mercado de la deuda pública. En ese contexto la Unidad de Gestión de la Deuda recién se animó a salir a los mercados una vez que el MEF había aclarado el panorama y definido los pasos a dar con relación a las AFAP, y, como es habitual, lo hizo con éxito.

Ahora que se divulgó lo que el Poder Ejecutivo va a plantear como consecuencia de aquel proceso, tal como sucedió con Quijote y Sancho, los contentos y los amargados trocaron roles.

Si bien habrá un costo fiscal por algunas de las medidas referidas, su magnitud y su inminencia no parecen ser considerables ni inmanejables. De todos modos, debe destacarse que la mochila del costo del Estado siempre recibe nuevas cargas, más allá de su magnitud, y nunca se ve aligerada de peso. Esta instancia no será la excepción a la regla por más que no sea del calibre que se llegó a temer.

Y, en el caso de las AFAP, donde el riesgo y el temor no eran cuantitativos sino cualitativos, el resultado fue satisfactorio y se dio en la dirección correcta. Habrá algunos ajustes hacia abajo en las comisiones, pero la idea de rentabilizar a los ahorros de los trabajadores será abonada por la vía de la ampliación del menú de instrumentos en los que se pueda invertir, tal como la lógica indicaba.

Si bien nunca hay que dar estas historias como finalizadas, queda claro que la “agenda paralela” que hay en la izquierda (notoriamente en parte del Frente Amplio y en los sindicatos) no parece permear al Gobierno. La agenda del MEF sigue contando con el respaldo de la Torre Ejecutiva.

No tengo dudas de que ella seguirá siendo amenazada y que esta amenaza será más intensa en la medida en que se acerquen los tiempos electorales y máxime si las encuestas sobre la aprobación del gobierno siguen mostrando resultados adversos.

En este contexto resulta clave que los sectores ajenos al gobierno, los de la oposición, que piensan volver a la Administración en 2030, sumen sus votos a la aprobación de normas que en todo caso le aligerarían el trabajo de concretarse tal retorno y que están en consonancia con sus propios lineamientos programáticos.

Me refiero, por ejemplo, tanto a la norma referida a la diversificación de la cartera de las inversiones de las AFAP como a las que fueron incluidas en el llamado proyecto de competitividad, que sería más preciso llamarlo de competencia. Hay aquí un conjunto de medidas propuestas que van en la línea de la desregulación y el desempapelamiento, al estilo de lo que ha venido haciendo en Argentina el ministro Sturzenegger, cuyo equipo habría sido consultado por el uruguayo en la materia.

En el caso de algunas de estas ideas, cuando se conoció la propuesta del Gobierno, desde la oposición se llegó a reclamar su paternidad, por lo que sería coherente con ello que ahora se hagan cargo de la criatura.