Cuando la política y la economía se entrelazan

Hay ámbitos donde se entrelazan la economía y la política y que están sobre la mesa cuando han transcurrido casi cinco meses de gestión del actual gobierno.

Uno, qué se le puede pedir a un gobierno, dada su ubicación ideológica y dado el programa con el cual llegó al poder.

Dos, cuando la política se impone a la economía, por malas decisiones.

Tres, si efectivamente hay una continuidad entre los dos gobiernos, el actual y el que lo precedió, aun siendo percibidos como de ideologías diferentes.

Comencemos por el primer tema. La reflexión viene al caso porque recientemente escuché a un apreciado colega plantear que la negociación salarial debería ser muy diferente a la actual, en particular que debería ser a nivel de empresa y no de sector. Con lo que concuerdo. En un mismo sector conviven empresas muy diferentes: de tamaños diversos, localizadas en ubicaciones diferentes (área metropolitana o interior), con distintas magnitudes de deuda, orientadas a mercados diversos, etcétera. Es muy razonable pensar que los niveles salariales en tal diversidad de situaciones no deberían ser los mismos.

Mi discrepancia con mi colega no radica en la sustancia de la cosa. Se ubica, en cambio, en cuestiones de economía política. Ese esquema “ideal” de negociación salarial no estuvo planteado en el programa de gobierno que se “plebiscitó” con la elección del gobierno. Si no, en todo caso, y a grandes rasgos, el que venía siendo el habitual desde que los Consejos de Salarios volvieron a funcionar en el primer gobierno del Frente Amplio.

No parece lógico que se pretenda que un gobierno de izquierda haga cosas que, en todo caso, debió hacer el “de derecha” que lo precedió que, sin embargo, optó por no hacer olas y mantener esta política tal como lo hacía el FA hasta 2019. En realidad, vistas las nuevas pautas salariales, el actual gobierno ha ido más lejos que el anterior.

Podríamos seguir con más casos, como el del peculiar régimen de alquileres por fuera del mercado que el Ministerio de Vivienda está impulsando, coherentemente con el programa del FA. Es absurdo, hay alternativas mucho más eficaces, pero es parte del mandato.

Porque, mal que le pese a quien sea, los gobiernos llegan, en Democracia, con un cierto mandato que fue sometido a las urnas junto con sus candidatos.

Un buen ejemplo del segundo ámbito planteado consiste en el caso del subsidio al supergas, que volvió sobre el tapete con la insólita rebaja de cien pesos por garrafa de 13 kilos desde el pasado 1° de julio. ANCAP percibe $ 23,82 por garrafa, cuando debería percibir $ 40,85. Esto cuesta varias decenas de millones de dólares por año, que las pagamos en los surtidores de naftas y diesel. Sin entrar en consideraciones como la del exorbitante costo de comercialización, al que el gobierno anterior debió hincarle el diente y reculó (y esperemos que el actual sí lo haga, porque esta cuestión no es de derechas ni de izquierdas), acá hay un subsidio al barrer para todos los compradores de supergas, ricos y pobres. Es nuestro propio subsidio kirchnerista que no focaliza en la población objetivo. Lo más llamativo es que al mismo tiempo está vigente un subsidio para la población objetivo en la órbita del MIDES. Que, en todo caso, es el que debió ampliarse. Los gobiernos pasan y los errores se repiten.

El tercer tema también tiene a la economía y a la política entreveradas. En un estudio crítico de la campaña del Partido Nacional, se menciona que entonces hubo “un discurso algo difuso, intencionalmente difundido durante la campaña, que sugería que daba lo mismo quien ganara, porque las gestiones serían relativamente similares”. Cuando lo leí, me sentí identificado con parte de esa afirmación, porque en la campaña electoral sostuve que ambas propuestas eran muy parecidas y que ganara quien ganara poco y nada cambiaría. Obviamente, no me representa la otra parte de la cita, que alude a la presunta intencionalidad (por parte del FA) de darle vuelo a esa comparación.

Es más, quienes siguen estas columnas saben mi punto de vista sobre el estado de las cosas en nuestro país. El “país del lucro cesante” en el cual los gobiernos (de signos distintos, pero en definitiva no demasiado) se suceden y poco cambian de lo que les fue legado (para bien y para mal). Así, una frondosa agenda de pendientes sigue tan campante a lo largo del tiempo. Ambas facciones comparten el ADN social estatista y batllista que ha llevado a Ignacio Posadas a hablar del “pacto de la penillanura”.

Es evidente que no se trata de hermanos gemelos. Y no nos guiemos por iniciativas extremas aisladas de legisladores (de ambos bandos) o en el caso del gobierno, de “la fuerza política” (que, oportunamente, el presidente Orsi ha separado explícitamente del gobierno). No, vayamos a los hechos. Y, en particular, a las políticas económicas, que está en el cerno de mi atención cuando hablo de la igualdad entre tirios y troyanos.

Han pasado casi cinco meses desde que se inició el gobierno y no se advierten mayores diferencias con el anterior en esa materia. Vistas las patas a la sota, lo que sostuve durante la campaña, lo mantengo.

La política monetaria cambiaria es la misma y las críticas por el “atraso cambiario” desde algunos sectores, son un calco de las de hace un año.

La política salarial es en esencia la misma de antes, aunque ha tenido algunas innovaciones en ambos sentidos: por un lado, el FA volvió a cuidar especialmente los salarios más bajos y, por otro lado, se dictaron pautas que no es obvio que mejoren el salario real para todos y que en cierta medida desindexan.

En materia fiscal, se vuelve a apuntar a un gradualismo, tal como lo hicieron Astori y Arbeleche, que resultará insuficiente ya que promediará el período con el déficit claramente por encima de lo que sería deseable, a cuenta de más deuda pública.

Pero, incluso más allá de las políticas económicas, el país seguirá siendo el mismo de 2019 y 2024. Y de mucho antes también. Salvo para los barrabravas de ambas tribunas, que, más que parecidos son idénticos entre sí.