En particular, para el año 2025 el MEF proyectaba un crecimiento de 2,6%, que excedió largamente lo que finalmente sucedió, con uno de 1,8%. Pero, más duro aún, resulta que esa proyección se estampó en el escenario el 31 de agosto, a sólo cuatro meses de terminar el año. Claro, no se esperaba que la actividad económica cayera en la segunda mitad del año. Justo es reconocer que entonces el consenso de los economistas del sector privado esperaba un crecimiento de 2,5%, casi igual al del MEF.

En febrero el MEF ratificó su expectativa de crecimiento para el año en curso en el 2,2% establecido en el presupuesto, mientras que el consenso en la profesión apunta a sólo 1,6%, que, desde mi punto de vista, también es optimista. Más recientemente, el ministro señaló que aquella proyección podría ser revisada.

Como explicaba en aquella columna, un peor desempeño económico genera dos problemas: uno, fiscal, ya que la recaudación impositiva, que está estrechamente ligada a la actividad económica, se resiente, y dos, en el mercado de trabajo, porque con menos crecimiento de la economía es posible que crezca menos la masa salarial y, dados los aumentos de salarios previstos, que el empleo se vea afectado.

¿Qué otras cosas pasaron desde entonces? En el inicio de marzo estalló una guerra en Medio Oriente, que desde su día uno ha dado lugar a lo habitual ante ese tipo de situaciones: la energía y el dólar se encarecen, la inflación tiende a acelerarse y las tasas de interés a apuntar para arriba. Es decir, un “shock externo negativo” para una economía como la nuestra, lo que fue explicado hace dos lunes en esta tribuna.

Mientras tanto, en nuestro barrio, Brasil desacelera su crecimiento y sigue muy barato mientras que Argentina vuelve a encarecerse, pero el ingreso y el consumo están resentidos. Ya vimos que eso dio lugar, en nuestro país, a una temporada turística desmejorada con relación a la anterior.

Y, en el terreno local, junto con el menor crecimiento de la economía se dio un “desplome” de la inflación al entorno del 3% que agrava lo expresado antes con relación al mercado de trabajo: con más aumento real de los salarios que el previsto, la afectación del empleo puede ser todavía mayor. Dicho sea de paso, no hubo mayores novedades en materia salarial con relación a las pautas, por lo que el mayor aumento real sólo es atribuible al desvío en la inflación.

Ese desvío en la inflación, como es sabido, llevó al BCU a reducir la tasa de política monetaria de manera considerable en enero y marzo, por haber mantenido demasiado contractiva a esa política por demasiado tiempo. Previsiblemente, esto logró el efecto buscado (“ayudado” por el efecto de la guerra sobre el dólar a nivel global), que era subir el tipo de cambio para reacelerar la inflación, dado que el tipo de cambio es el principalísimo canal de trasmisión de la política monetaria en este país bimonetario, tanto cuando se lo induce a bajar con una política contractiva como cuando se lo procura subir, con una expansiva. Nada nuevo bajo el sol. Los aumentos en los precios de los combustibles, aún con gradualidad, coadyuvarán a una mayor inflación.

Llegado este punto debo referir las palabras del ministro Oddone, en ocasión de anunciar el 17 de marzo los lineamientos para el proyecto de ley de Competitividad e Innovación junto con algunas medidas referidas al comercio exterior. En esa oportunidad, él se refirió a que ahora sólo se podría avanzar por este camino porque del lado de la macroeconomía ya no habría más que hacer. Interpreto que el ministro considera que lo realizado en materia monetaria es todo lo que puede dar la macro.

Pero eso no es así, desde la macro se puede hacer mucho más, pero resulta muy difícil, desde el punto de vista político, poder hacerlo. En particular, en el frente fiscal, donde hay un déficit primario del sector público del orden de 1,5% del PIB y debería haber por lo menos equilibrio. Además, ese ajuste fiscal debería realizarse por el lado del gasto público y no del lado impositivo, como bien apuntó recientemente el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Con una política fiscal de ese modo contractiva, lo mismo que sucede con una política monetaria expansiva, se podría ir a un tipo de cambio más alto de manera fundada.

La dificultad política de ir por ese lado es clara en general y más en el caso particular de este gobierno que asume haber recibido un mandato popular (en ocasión de su elección) de no bajar el gasto. Pero, como se sabe, la necesidad tiene cara de hereje, por lo que no hay que perder la esperanza en ese sentido. Más recientemente, el ministro Oddone se refirió a la posibilidad de “postergar” ciertos gastos.

Así como en los últimos 10 años la economía creció demasiado poco (1,3% anual en 2016-2025), también tuvo un déficit fiscal demasiado alto (4,1% en el promedio de esa decena). No parece necesario abundar en la insostenibilidad de esa yunta de indicadores.

Volviendo al título, ¿cómo debería seguir la política económica? Creo que se debería aprovechar la instancia presupuestal del 30 de junio, la Rendición de Cuentas, para presentar un escenario más realista en materia de crecimiento económico. Como consecuencia de ello, aparecería de inmediato un mayor desequilibrio fiscal al previsto en el escenario del Presupuesto, que debería ser enfrentado por el lado del gasto, como recomiendan el CFA y el sentido común.

Y ahí volvemos a la restricción política derivada del mandato. ¿Cómo debe ser leído éste? ¿Como que no se debe bajar el gasto? ¿O como que no se debe bajar el presupuesto de modo que no se vean afectadas políticas clave para la izquierda? ¿Se asume que todo el gasto es eficaz y eficiente? ¿Se supone que no hay “gorduras” por ningún lado? La evaluación del gasto público y su focalización no son de izquierda ni de derecha.

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A todo esto, ¿qué es un shock externo? Un shock externo, positivo o negativo, es un fenómeno exógeno a la economía local que da lugar a un impacto significativo en ella. Ese fenómeno puede tener naturaleza económica o no, como en una pandemia, o en un fenómeno de naturaleza climática (inundación, sequía), o en uno de sanidad animal o, como ahora, en una guerra.

Y, entre los de naturaleza económica, los hay de origen regional y de origen global. Entre los primeros, un cambio significativo en el valor de la moneda de un país vecino, o una crisis económica en uno de ellos, o, más en boga en nuestro continente en los últimos años, las corrientes migratorias. Mientras tanto, entre los de origen global se destacan los cambios abruptos en los precios de exportación o importación, el comportamiento de las tasas de interés y las recurrentes crisis financieras.

Ante un shock exógeno, de cualquier signo, y ante la necesidad de adoptar medidas de política económica, corresponde considerar su naturaleza, transitoria o permanente. Y, acto seguido, establecer la estrategia que minimiza el riesgo de equivocarse.

Por eso, ante un shock positivo, lo ideal es considerarlo transitorio, ya que, si al fin resulta permanente, se habrá estado mejor de lo esperado. Si, por el contrario, se lo asume permanente y luego resulta transitorio, se habrá “vendido la piel del oso antes de cazarlo”. Como quien un día recibe un ingreso ocasional (un nuevo cliente o un acierto en un juego de azar) y actúa como si se tratara de algo permanente.

Contrario sensu, si el shock es negativo, lo mejor es considerarlo permanente y si después resulta que no lo era, se podrá aprovechar haber tomado los recaudos del caso. Si, en cambio, se supone que la mala noticia es transitoria, y resulta que se extiende en el tiempo, se tendrá que tomar medidas de ajuste más tarde y más profundas.

¿Qué cabe esperar de un shock externo negativo como el actual? Un fenómeno de esa naturaleza, afecta al ingreso de un país. Simplificando, se puede señalar que el país que recibe un shock exógeno negativo se vuelve algo más pobre que antes de que ello ocurriera. Y esto no resulta inocuo, trae consecuencias. Pueden verse afectados el PIB y el empleo, puede haber una corrección cambiaria (un mayor tipo de cambio), puede aumentar la inflación y bajar el salario real, puede haber un impacto fiscal negativo.

Esas consecuencias serán probablemente mayores en una economía con mayores rigideces que en una más flexible. Veamos dos ejemplos al respecto.

Uno, en materia cambiaria. Ante la necesidad de ir a un tipo de cambio más alto, ello será factible en un contexto de tipo de cambio flexible y no lo será en uno de tipo de cambio fijo, como fue el caso de la convertibilidad argentina de los noventa o el de las tablitas rioplatenses de finales de los setenta y comienzos de los ochenta.

Dos, en materia salarial. Una caída en el nivel de actividad, seguramente será acompañada de una en la masa salarial, que es el producto del salario y el empleo. Cuanto más rígidos sean los salarios, más se verá afectado el empleo. Justamente por esta razón, en el año 2020 en medio de la pandemia, el gobierno acertadamente convocó a empresas y sindicatos a pausar los aumentos salariales en lo que se llamó “el año puente”. Con ello se buscó minimizar el impacto del shock de entonces, sobre el empleo. La actual institucionalidad salarial es mejor que la de otrora para lidiar con estos shocks, en la medida en que no hay un traslado inmediato de precios a salarios y a que eventuales “gatillos” tienen en cuenta a la inflación subyacente, que excluye a la energía.

Es decir que, en ambos casos, nuestro país se encuentra mejor parado que en el pasado para enfrentar shocks externos negativos si bien sus efectos se habrán de sentir de todos modos.

¿Qué ha pasado en las primeras dos semanas de la guerra en Medio Oriente? Y me refiero a dos semanas ya que, como siempre, envío esta columna al diario el lunes 16, anterior al de la fecha de su publicación.

En el mundo se ha apreciado considerablemente el petróleo, que pasó, redondeando, de 72 a 104 dólares el barril Brent y denotando una volatilidad inusual, como ha ocurrido con casi todos los precios. En el caso de otras materias primas, los minerales no han mostrado una tendencia definida, manteniéndose en promedio estables, mientras que los granos han mostrado tendencias alcistas con variaciones mucho más moderadas que la del petróleo.

En cuanto a las divisas, el índice del dólar versus las principales monedas pasó de menos de 98 a más de 100, reflejando un fortalecimiento del dólar que es habitual en contextos como el actual.

La tasa de interés de los bonos de EEUU a 10 años no ha parado de subir, desde menos de 4% a casi 4,3% en estas dos semanas, incorporando mayores expectativas de inflación. Para la Reserva Federal se profundiza el dilema entre bajar la tasa por el impacto negativo en la actividad y el empleo o subirla por la incidencia en la inflación.

Consistentemente, también cayeron los precios de las acciones ante un escenario que se ha visto deteriorado en la quincena referida.

En el caso de nuestro país, el dólar subió 2,2 pesos (casi 6%), pero sólo la mitad se debió al fenómeno global (es decir, acompañó el fortalecimiento del dólar vis a vis una canasta relevante de monedas) y la otra mitad se originó en la flexibilización de la política monetaria local.

Y en cuanto a los combustibles, la regla de ajustes vigente desde julio pasado establece ajustes bimensuales (el próximo el 1° de mayo) con un tope de 7%.

El tiempo dirá, como expresó el ministro Oddone, cuál será la extensión de la guerra y cuáles serán los efectos que se irán desarrollando. Y las medidas a adoptar.

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Es lógico que, con la alternancia en el gobierno de los dos bloques en que se divide nuestro sistema político, los sucesores introduzcan ajustes y modificaciones en medidas y políticas que promovieron los antecesores.

El ruido que suelen generar esos cambios por parte de ambos bandos, por lo general excede la magnitud de las modificaciones en cuestión, porque en realidad no hay grandes diferencias entre unos y otros, más allá de los énfasis propios de sus respectivas filosofías.

Además, el liderazgo de la agenda que parece tener el MEF, también parece recibir el mayor respaldo desde la Torre Ejecutiva. Lo que da para estar tranquilos.

Sin embargo, con el correr del primer año de este gobierno, se ha dado una situación inusual: desde filas del gobierno o cercanas o afines a él, se han venido planteando propuestas que no calzan con aquellas grandes líneas.

El ex legislador Ope Pasquet hizo una lista, el 19 de febrero en la red social X, enumerando esas iniciativas. Una, la más notoria, el impuesto del 1% sobre el patrimonio del 1% más rico, ridícula por considerar rico a quien tiene un millón de devaluados dólares y absurda por resultar confiscatoria, dados los rendimientos del capital. Esta propuesta fue relativizada por el presidente del FA quien afirmó que se debatirá, pero no se aplicará en este período de gobierno. Dos, la reducción de la jornada laboral, presumiblemente manteniendo el ingreso (lo que implicaría un considerable aumento real del salario que se trasladaría en el enero siguiente a las jubilaciones) y sin tener en cuenta al valor de la productividad marginal del trabajo. Tres, la pretendida ratificación, impulsada por el MTSS y que no requiere la firma del MEF, del convenio 158 de la OIT (que provenga de ésta, no es garantía de calidad) por el cual ante un despido se requiere causa justa y preaviso, además de ser recurrible. Cuatro, la jubilación a los 55 años en la construcción.

Pero sólo tres días después apareció la frutilla de la torta. El 22 de febrero, en entrevista publicada en El Observador, el coordinador del Diálogo Social (DS) y funcionario de la OPP, economista Hugo Bai, que dejó en claro que hablaba en representación del gobierno, desgranó los contenidos del DS.

Allí explicó detalladamente en qué consisten los cuatro bloques temáticos que forman parte de él: la protección a la infancia, el sistema de cuidados, la protección a los activos y el régimen de jubilaciones y pensiones.

Debo dejar constancia de mi coincidencia con algunos de los objetivos perseguidos por el DS. Por ejemplo, destaco la necesidad de que nuestra matriz de protección social incluya a los compatriotas que trabajan en la informalidad, pues dicha matriz es buena para los que estamos “en blanco” pero no llega debidamente a los que no lo están. También concuerdo en la conveniencia de que se centralice y focalice lo mejor posible el gasto social.

Lo peligroso del DS va por otro lado. Primero, se menciona que las propuestas resulten “lo más vinculantes (que sea) posible”, o sea, que generen la obligación de aplicarlas. Segundo, varias propuestas requieren financiamiento y éste hoy no está. En el ámbito de las transferencias, se propone crear un seguro de cuidados para adultos mayores y un nuevo tributo como el IRPF para financiarlo. Pero en otros casos no se explicitan fuentes de financiamiento, sino que se expresa que en futuras rendiciones de cuentas “pueden aparecer recursos” (previsiblemente más impuestos).

Pero lo peor del caso consiste en que, una vez puesto al moño al paquete, ¿cómo se lo frena? Habrá salido del gobierno, será lo más vinculante posible…

También son problemáticas algunas de las propuestas concretas. Veamos dos ejemplos. Uno, se propone volver a bajar a los 60 años la edad de retiro, y operar con las tasas de remplazo los incentivos para permanecer en actividad hasta los 65, teniendo en cuenta las desigualdades en la historia laboral. En declaraciones realizadas sólo tres días después de la entrevista, el coordinador del DS sostuvo que el retiro más temprano que a los 65 años debe ser la excepción y no la regla. ¿En qué quedamos? Dos, sacar de las AFAP las cuentas de ahorro previsional y que ellas sólo se ocupen de invertir y rentabilizar los ahorros. Aparentemente se trata de abaratar el costo del sistema. ¿No será mejor ampliar el menú de instrumentos en los que las AFAP puedan invertir de modo de “rentabilizar los ahorros”, como ellas mismas han planteado?

Desconozco si el MEF ha estado al tanto del proceso del DS y si es consciente de lo que se le viene. Porque me queda la impresión de que se trata de una suerte de “agenda paralela” a la suya. Y, lo más importante: veamos las consecuencias de una agenda como la referida.

Primero, en el corto plazo. Todos conocemos la coyuntura: el déficit fiscal está arriba de lo previsto, los ingresos crecen más despacio (por el menor crecimiento económico y la menor inflación) y los gastos son rígidos a la baja; el empleo, sin estacionalidad, baja desde el máximo de julio pasado y se acumulan casos notorios de paradas de producción y envíos al seguro de paro o despidos; el país está muy caro por razones micro y macro y no parece que ello vaya a cambiar en el futuro previsible. Con ese telón de fondo, lo único que no se necesita es echar más leña al fuego de la rigidez laboral y del desequilibrio fiscal o más impuestos.

Segundo, en el mediano y largo plazos. El menú planteado en esta suerte de agenda paralela o alternativa le pega de lleno a nuestro problema principal, que es la escasa tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Además, vuelve a cargar la hoja del “Debe”, dejando, cada vez más sola en la del “Haber”, a la institucionalidad de la que tanto nos preciamos y que tantas satisfacciones nos da. ¿Seguirá alcanzando con esto?

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Lo fue debido a su reciente incorporación al equipo de asesores del Ministerio de Hacienda de Argentina.

Y, en ese contexto, se difundieron expresiones y conceptos vertidos en una entrevista realizada en ocasión de su participación en la 60ª Conferencia Anual de FIEL el pasado noviembre en Buenos Aires, donde fue el orador principal.

En esa Conferencia, Talvi expuso sobre el plan de estabilización uruguayo de los 90 y destacó un concepto totalmente cierto: bajar la inflación de tres a dos dígitos es relativamente sencillo, pero bajarla de dos a uno es bastante más complicado. El caso uruguayo de aquellos años es un perfecto ejemplo de ello. El caso actual de Argentina apunta a confirmarlo.

En nuestro país, pasar del máximo de 134% de enero de 1991 a dos dígitos llevó ocho meses (92% en septiembre de ese mismo año) y alcanzar a un dígito insumió siete años y un mes (9,9% en octubre de 1998).

Más allá de que ese concepto (reitero, cierto), se da de bruces con el voluntarismo del presidente Javier Milei, que viene prometiendo una inflación cero desde antes de asumir (ahora la promesa se devaluó a empezar con cero la inflación mensual en algún momento de este año), lo que más quiero destacar es un pasaje de sus declaraciones en aquella entrevista.

En concreto, cuando Talvi se refiere a su evolución en materia de ideas y políticas públicas desde aquel Chicago Boy liberal de los 90 al candidato presidencial auto definido como “liberal progresista” que compitió por los votos social demócratas de Danilo Astori en 2019, y que consiguió los suficientes como para contribuir significativamente al triunfo de lo que luego se llamó la Coalición Republicana.

Básicamente, Talvi aludió a su “ingenuidad” de entonces: “éramos ingenuos al pensar que, desregulando, bajando la inflación, reduciendo el déficit fiscal, liberalizando determinados mecanismos como la distribución del crédito, íbamos a lograr la prosperidad”. Notoriamente, el transcurso del tiempo, la maduración y la experiencia de vivir y desempeñarse en la profesión, dieron lugar a un saludable cambio en sus ideas.

Digo saludable, porque también yo viví, felizmente, un proceso similar. Yo compartí con Talvi esa ingenuidad cuando trabajamos juntos en los comienzos de los noventa.

Y para ilustrar al respecto, nada mejor que contar una anécdota que guardo entre mis mejores recuerdos.

Era marzo de 1990, se iniciaba el gobierno del presidente Lacalle Herrera y debimos realizar un ajuste fiscal contundente, del orden de ocho a diez puntos del PIB. El día 12 de ese mes comparecí a la Comisión de Hacienda del Senado, como asesor del ministro, a exponer los términos de ese ajuste fiscal. También debutaba en el Parlamento Danilo Astori, que, por la naturaleza del tema a ser tratado, llevaría la voz cantante de la oposición frentista.

Aquel día, tanto él como yo exhibimos posturas extremas, cargadas de ideología y el choque resultó inevitable.

Seis años más tarde, fuimos convocados por la periodista Sonia Breccia a su programa en el Canal 5 a compartir una entrevista conjunta. Ninguno de los dos era ya el mismo de 1990. El ejercicio del gobierno, uno desde la gestión y otro desde la oposición, había limado las aristas más punzantes de ambos y se dio una convergencia natural, sin fórceps, hacia posiciones más cercanas, que ambos explícitamente valoramos sobre el final de la entrevista.

Desde mi punto de vista, seguían siendo muy importantes cosas como las referidas por Talvi, pero entendí que con eso no era suficiente e incorporé la consideración de la dimensión social que estaba relegada en mi agenda.

Desde el punto de vista de Astori, él seguía sosteniendo su propósito social, pero ya no hablaba de cosas tales como repudiar la deuda y proclamar “No al FMI”. Lo que quedó ratificado cuando se rodeó de varios de los mejores economistas de izquierda en sus pasajes por el Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo y profundizando las políticas económicas que otrora denostaba.

No sé cómo le irá a Talvi en Buenos Aires, de hecho, no depende de él, pero creo que no le viene nada mal al equipo económico de Milei (y también al presidente) incorporar un experimentado macroeconomista, pragmático y con sentido social.

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Uno, que la mejoría que debemos tener en materia de competitividad debe hacerse dejando de lado el tema dólar y recorriendo otros caminos.

Dos, que, ya que la inflación bajó más de lo previsto, debemos aprovechar a ir, ya mismo, más lejos de lo programado.

Los problemas de competitividad que tenemos tienen origen diverso, pero se podrían resumir en los siguientes.

Desde el lado macro, la inconsistencia que cubre varios gobiernos, entre las políticas económicas, que ha generado como daño colateral un atraso cambiario extraordinario. Tenemos desde hace añares políticas fiscales expansivas, con déficits insostenibles, conviviendo con políticas monetarias contractivas. Y, hasta hace poco, indexación salarial en base a la inflación pasada más un aumento real desvinculado del valor de la productividad marginal del trabajo. En materia fiscal, un sector público que no conoce de dietas y, al contrario, engorda con nuevas agencias en cada gobierno, lo que deriva en altos impuestos.

Dos, desde el lado micro, en los mercados de bienes y servicios: una regulación laboral obsoleta, una escala pequeña de nuestra economía que facilita posiciones dominantes, “vacas atadas” por lo anterior y por malas regulaciones, que dan lugar a impuestos y subsidios implícitos en regulaciones y en precios de servicios públicos.

Ambas situaciones dan lugar a un país caro, como el consenso parece haber asumido. Pero no se asume que no se puede compensar con medidas en uno de esos dos frentes, los problemas que causa el otro.

Así como no sería correcto pretender que una devaluación compensara el no querer enfrentar los otros problemas (eso se intentó hacer y fracasó en el siglo pasado) tampoco se puede pretender que el dólar caiga hasta cualquier subsuelo y eso se pueda compensar con medidas microeconómicas. Máxime cuando es obvio que éstas, aún si se adoptaran hoy, generarían efectos recién pasado mañana. Las acciones emprendidas por el equipo económico a finales de enero muestran que este punto de vista se comparte, al menos en una situación extrema como la actual.

Pero parece que esta moda (que lo es) vino para quedarse e incluso es asumida por el equipo económico que dice que siempre seremos un país caro (Oddone) y que está bien que así sea y que cuanto más caro mejor (Tolosa).

Eso sólo se puede evitar si se está dispuesto a ir a un superávit primario de por lo menos un punto del PIB que permita al Gobierno Central comprar genuinamente los dólares que necesita para pagar sus cuentas en moneda extranjera. Pero eso implicaría hacer un ajuste fiscal de verdad, lo que no es apto para los políticos de estos días, que llaman ajuste fiscal a medidas con impacto insignificante.

Vayamos ahora al segundo tema. Es raro. Acá se admite que la FED tenga dos objetivos (estabilidad y crecimiento) pero no que lo tenga nuestro BCU (que sí lo tiene en su carta orgánica, dicho sea de paso). Acá también se admite que si la tasa de inflación en EEUU baja de la meta de 2% se aplique una política expansiva, pero en el caso de nuestro país, si la inflación baja de la meta de 4,5%, “ya que estamos, aprovechemos a ir más lejos de una vez”.

Sólo un fundamentalismo al que sólo le importe un único objetivo a cualquier precio puede dar lugar a semejantes posiciones. En este caso el equipo económico tiene las cosas claras y ha decidido actuar ante la convicción de que la inflación se les hunde.

Menos inflación de la programada implica más déficit fiscal por la diferente memoria de ingresos y egresos fiscales. Por ejemplo, la recaudación del IVA tiene una memoria de un mes, y acompaña en su desaceleración al índice de precios. Mientras tanto, las jubilaciones suben en enero según el aumento de los salarios en el año anterior y quedan fijas para todo el año.

Por otro lado, menos inflación implica más salario real. Y, dado el crecimiento de la economía, como éste es acompañado por el de la masa salarial, más salario implica menos empleo. Más aún si la economía crece menos de los programado. Esto no es sólo teoría, lo vivimos entre 2015 y 2019 y costó la pérdida de más de 50 mil ocupados.

Ha sido una buena noticia la reacción del equipo económico, tanto en el BCU como en el MEF, ante esta situación. Hasta ahora (mando al diario esta columna en la mañana del lunes 16) se redujo la tasa de política monetaria (TPM) en 1%, el BCU anunció que está pronto para intervenir en el mercado comprando dólares y el MEF dijo que decidió adelantar compras de dólares para sus erogaciones en moneda extranjera y que invitó a hacer lo mismo a las empresas estatales. En sólo tres semanas, algo ha sucedido: el dólar ganó 1,90 pesos vis a vis una canasta de monedas relevantes. Algo es algo.

Que se sepa, sólo operó hasta el momento la rebaja de la TPM, además de que el BCU fue un poco más lejos con las tasas de corte de las LRM, señalizando una nueva reducción importante de la TPM para la próxima reunión del COPOM, prevista para el día 3 de marzo. En la semana del 9 de febrero, la tasa de corte promedio para los cuatro plazos de las licitaciones de LRM fue 5,97%, 1,13 puntos menos que en la semana antes del último COPOM.

Coincido con Julio de Brun en cuanto a que la TPM tiene poca relevancia y que es en el campo de las LRM donde se debe jugar el partido. En ese sentido, el BCU debería seguir bajando sus tasas de corte todo lo que sea necesario. Y si en algún momento se cayera la demanda por ellas, tiene los mecanismos para amortizarlas, como muy bien hizo más de una vez en el pasado, en particular en el último cuatrimestre de 2008, en medio de una fuerte crisis financiera global.

Pero algo debe quedar claro: sin un dólar arriba de 40 pesos, la inflación no volverá al 4,5%. Para ello se deben utilizar todos los instrumentos anunciados a finales de enero y se debe ir a más con la rebaja de las tasas de las LRM. De paso, contribuiría a mejorar la situación patrimonial del BCU, que viene en caída desde hace más de un año.

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El BCU tardó en reaccionar ante el cambio de escenario y mantuvo una política monetaria contractiva a lo largo del año pasado y ahora no tiene otra alternativa que hacer todo junto lo que no empezó a hacer antes.

En vísperas del COPOM anterior la TPM era 7,5% y en la semana anterior la media de tasas de las LRM fue de 7,06%, casi medio punto por debajo de aquella. Como se sabe, entonces se decidió rebajar la TPM a 6,5%.

Ahora, en vísperas del COPOM del 3 de marzo, la TPM está en 6,5% y en la semana previa la media de las tasas de las Letras fue de 5,65%, casi un punto por debajo de ella.

Es evidente que con las Letras el BCU fue más allá de lo que cabía esperar, desde entonces a hoy, y señalizó de ese modo lo que se puede venir con la TPM el próximo martes. En ese contexto no debería sorprender una nueva rebaja de un punto porcentual, para ubicar la TPM en 5,5%.

Así como una política monetaria contractiva incide hacia abajo en el tipo de cambio, ya que éste que es el principal canal de trasmisión que tiene aquí y ahora, una política monetaria expansiva también habrá de incidir en el tipo de cambio, pero hacia arriba. De hecho, en las cinco semanas transcurridas entre los dos COPOM, el dólar en nuestro país ganó UY$ 1,20 vis a vis una canasta relevante de 12 monedas. En las tres primeras había ganado UY$ 1,90 pero en las dos últimas perdió más de un tercio de esa recuperación.

La inflación debe volver al 4,5% por razones de empleo y fiscales. Para ello el dólar debe estar entre 40 y 41 pesos. Cuanto antes ello ocurra, mejor. El BCU puede seguir abatiendo las tasas de las LRM y, junto con el MEF, empezar a utilizar otros de los instrumentos de la batería anunciada en la semana del 26 de enero.

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Excluyo de los temas a tratar el referido a la inflación y el precio del dólar, que se robó las marquesinas, pero que ya he tratado aquí antes de ahora, sin ir más lejos en mi columna anterior y, con mayor extensión, en la del lunes 15 de diciembre (“¿Atraso cambiario? Sí, y con todas las letras”).

Primero, las patentes. De la simple lectura de los aforos sobre los que se calculan las patentes, surge que nuestros autos están sobre valorados y que el SUCIVE o quien sea, debería estar dispuesto a comprárnoslos al precio por el cual nos las cobran.

Lo cierto es que la empresa que calcula los valores de los autos lo hace en términos de dólares, siguiendo los usos y costumbres de los uruguayos con cabezas dolarizadas. Y estima precios de mercado en el mes de julio considerando los valores del primer semestre.

Me parece que el problema viene después y es del SUCIVE, que lleva a pesos aquellos dólares con un tipo de cambio ajeno a la realidad del momento del pago de la patente, en enero, calculado como un promedio de meses pasados. En esta oportunidad, ese promedio, del orden de los 42 pesos, resultó considerablemente mayor al de enero (menos de 39 pesos) y cuando el dueño del auto llevó a dólares el valor en pesos del aforo, le dio una cifra del orden de 10% mayor a la del precio venal de su automóvil.

Viene al caso señalar que en el año anterior sucedió exactamente lo contrario. Y que, para evitar estas cosas, sería conveniente que el SUCIVE use el tipo de cambio más próximo que sea posible a la fecha de difusión de los aforos.

Segundo, el FONASA. El MEF hizo bien en corregir el valor de la Cuota Promedio Equivalente (CPE), que venía arrastrando una subestimación en su valor desde hace algunos años. Lo hizo sin cambiar la esencia del régimen, de modo de evitar que esos aportes sean una especie de segundo IRPF. Es decir, se mantiene el tope con devolución a quienes pagaron en exceso. Pero ahora serán menos los que recibirán esa devolución y quienes la sigan recibiendo recibirán cifras menores. La corrección implica que ahora se considera la edad de cada cohorte cubierta por el seguro y la expectativa de sobrevida de cada una.

Tercero, la fijación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que, entre otros propósitos, es utilizada para determinar el mínimo imponible y las franjas del IRPF. El gobierno está facultado por ley a ajustarla anualmente ya sea por el IPC, ya sea por el IMS. Lo hizo por el IPC (3,65% en 2025) más un 20% extra a lo que también lo faculta la ley. Eso arrojó una variación inferior a la del IMS, por lo que, en este año, habrá más contribuyentes de ese impuesto y los que ya lo eran, pagarán un poco más. Debo decir que ese 20% adicional me pareció inapropiado. Debió usarse el IPC y listo. En la lógica del IRPF, si el ingreso (renta) sube (en términos reales), se debe pagar más. Debería derogarse la posibilidad de usar el IMS y también el referido margen del 20% relativo al IPC.

Los dos temas anteriores tienen, además, un denominador común: el coro de lamentos e improperios emitidos desde la oposición sobre “el terrible ajuste fiscal encubierto que se le impuso a las clases medias”. Se me ocurren al menos dos consideraciones.

Una, llamar ajuste fiscal a eso es devaluar el concepto de ajuste fiscal. Tal como se hizo desde el actual partido de gobierno al inicio del período anterior, con la reducción de los descuentos de IVA sobre instrumentos electrónicos de pago.

Y dos, estas disposiciones no pegan en la mitad de la tabla sino bastante más arriba. No es que por eso esté mejor o peor, pero son los hechos, los datos de la realidad. El rembolso del FONASA pagado en exceso lo percibían 155 mil personas (activos y pasivos), uno de cada 10 contribuyentes, y el IRPF lo pagan tres de cada 10 trabajadores. Está claro que somos un país de ingreso bajos (en pesos, en poder de compra, no tanto en dólares) pero de ahí a considerar que el grueso de la población trabajadora y de la clase media recibió un mazazo (o dos) hay un gran trecho.

Cuarto, no podía faltar ANCAP y el precio de los combustibles. Un centro de estudios partidario estimó que, entre marzo y diciembre del año pasado, los consumidores pagamos un sobreprecio de US$ 88 millones al consumir combustibles (nafta super y gasoil). Pero el mismo informe, unos renglones después, expresó que, en el caso del super gas, que se rige por las mismas reglas de fijación de precios (siguiendo a los PPI), hubo un precio inferior al debido en US$ 44 millones. Obviamente, el terrible ajuste fiscal sobre la población volvió a aparecer en este tema. Desde hace años sigo, mes a mes, los números de ANCAP desde el punto de vista fiscal, es decir su contribución al resultado que cada mes publica el MEF (resultado más dividendos menos variación de stocks). En aquellos 10 meses del año pasado esa contribución fue US$ 46 millones, por lo tanto, coincidente con las cifras anteriores, y con un impacto fiscal insignificante (0,05% del PIB).

Quinto, ya que estamos con la energía, aunque con menos repercusión que en años anteriores, en diciembre asistimos a una nueva función del “UTE premia”. El impacto que tuvo en el IPC fue considerablemente menor que otrora, ya que el INE estimó en 5% la caída del precio medio de la electricidad debido a ese factor. En los primeros años, esa variación fue del orden de 20% por lo que ya casi que no incide. Lo que es bueno, porque este esperpento, surgido en un diciembre en el que se quería que la inflación no cerrara el año demasiado arriba, llegó a agravar la estacionalidad del IPC (y a incidir en decisiones de inversión de corto plazo) que ya es clara en cada enero por la acumulación de ajustes anuales en diversos precios. Vale recordar que en cada diciembre esto da lugar a una incidencia negativa en el IPC que se revierte en cada enero siguiente.

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Primero, el contexto externo. En un mundo sin las reglas políticas tradicionales rigiendo, la economía global sí las mantiene y se espera para ella un crecimiento económico estable, tasas de interés con nuevos escalones descendentes, la inflación que continúe apaciguándose y el dólar que se mantenga débil con materias primas cuyos precios no presenten cambios dramáticos. Según el WEO del FMI, emitido la semana pasada, en cuanto al crecimiento económico se espera que “la inversión en tecnología, el apoyo monetario y fiscal, las condiciones financieras favorables y la adaptabilidad del sector privado contrarresten los cambios en las políticas comerciales”, destacando que “los principales riesgos son un reajuste de las expectativas sobre tecnología y una escalada de las tensiones geopolíticas”.

En cuanto a nuestros vecinos, Brasil seguirá barato y con poco crecimiento. Como es normal, no nos cinchará ni nos causará alarmas. Y Argentina volverá a crecer tras un año planchada (casi todo el crecimiento de 2025 fue arrastre estadístico desde 2024) y se espera que no presente cambios relevantes en sus precios en términos de dólares. Pero ya se sabe que desde allí pueden venir novedades de todo tipo, como fue notorio en un 2025 donde EEUU debió acudir en auxilio ante el estrepitoso fracaso del plan económico.

Segundo, el contexto político local. Donde el gobierno no cuenta con mayoría en Diputados pero se las ingenió para obtener una aprobación contundente del Presupuesto. Más allá de los habituales rifirrafes entre ambos bloques, no debería haber problemas para transitar una avenida sin grandes iniciativas desde el oficialismo que, en definitiva, no se diferencia demasiado de la oposición. Aunque, se sabe, no siempre los políticos conceden desde la oposición lo que plantean desde el gobierno.

Tercero, el punto de partida, cómo terminó 2025. Lo más notorio, la inflación incumplió la meta, desde abajo. Digo incumplió porque de eso se trata: la meta es de 4,5% y se está en 3,7% y bajando. Es tan problemático errarle para un lado como para el otro y declaraciones de jerarcas lo han dejado bien claro. Otra vez el daño colateral estuvo en el tipo de cambio real, que en el caso extra regional perdió 9% en el año y cerró 28% por debajo del promedio del siglo.

Esto tiene impacto fiscal y en el mercado de trabajo. El fiscal, por la diferente memoria de las reglas de indexación de ingresos y egresos, es negativo para las cuentas públicas. En el mercado de trabajo, dado el crecimiento de la economía, que suele aparearse con el de la masa salarial, un mayor aumento del salario real lo termina pagando el empleo, como sucedió en el último gobierno del FA.

Por lo que aquel desvío debería enmendarse a la brevedad con una bajada más rápida de la tasa de política monetaria y con intervenciones en el mercado de cambios por parte del BCU de modo que la preocupación manifiesta se traduzca en hechos y no quede en palabras.

Los bancos centrales suelen tener un mandato doble, lo que es clarísimo en el caso de la FED: estabilidad y crecimiento. Acá parece que al nuestro sólo le ocupa el primero. Y como suele ocurrir tarde o temprano, el segundo empieza a reclamar atención. La actividad económica está planchada desde enero y el número de ocupados, desestacionalizado, cae desde junio.

Cuarto: el gobierno se presenta jugado al crecimiento de la economía para obtener los recursos genuinos que permitan apuntalar sus políticas públicas (fiscal y sociales). Las expectativas (hasta 2028) apuntan a un crecimiento medio punto porcentual por debajo del previsto en el Presupuesto. No es dramático, pero no resulta cómodo, no sobra nada (por ejemplo, para “financiar” una inflación más baja).

Quinto, para ello el equipo económico busca impulsar las expectativas.

Lo bueno: da la impresión de que el MEF lidera la agenda y que tiene el respaldo de la cúpula del gobierno.

Lo malo: desde el MTSS se introduce ruido, con frecuencia y en abundancia. ¿Será que se arrepintieron de “comprar” las pautas salariales del MEF con desindexación incluida?

Lo que ilusiona: las novedades en materia de inserción internacional. En noviembre Uruguay fue aceptado para sumarse al CPTPP (Tratado Transpacífico) y ahora, en enero, el Mercosur y la Unión Europea firmaron su acuerdo. Muy buenas noticias, pero con impacto en el mediano y en el largo plazos.

Lo cierto: el MEF ajustó al régimen de promoción de inversiones, como suelen hacer los gobiernos en las primeras etapas de sus gestiones, de modo de adecuar el instrumento a sus objetivos. Eso, más los cambios que se dieron en la institucionalidad respectiva, son una buena base para esperar mayores inversiones.

Lo que se viene: las reformas pro competencia. Algo ya se vio en el año pasado, como muestra de las intenciones de las autoridades. Pero se trata de decisiones que requieren trabajo y era muy pronto para sacar mucho más que eso. Además, se trata de decisiones que suelen afectar intereses creados que existen desde tiempo inmemorial, por lo que cada decisión es una batalla. Un ejemplo: lo referido a los despachantes de aduana. Es el problema de tener regulaciones con pocos beneficiarios concretos y muchos afectados dispersos. Cabe esperar que el gobierno presente este conjunto de reformas a más tardar en oportunidad de la Rendición de Cuentas.

Lo incierto: hasta ahora, parece claro que en el gobierno prevalece la línea del MEF. Es decir, no apartarse del rumbo habitual del país, más allá del gobierno de turno, lo que da certezas y permite que no se ande a los tumbos. Pero resulta obvio que esa no es la posición unánime en el FA. Lo referido al MTSS es un ejemplo de ello. Otro, es la propuesta del “impuesto a los ricos” con mucho eco en la izquierda y que estará sobre la mesa en este año. También las ideas trasnochadas de algunos sobre la seguridad social.

En ese contexto, resulta clave el impulso del MEF para que siga habiendo buenas noticias en la economía, que permitan mostrar medidas y resultados en lo social, que es central al programa del FA. Si las cosas van bien, el rumbo no corre riesgos. De lo contrario, se verá fortalecida la visión alternativa.

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Una, bastante frecuente, consiste en confundir el nivel general de precios con su variación. Es decir, cuánto cuesta vivir (o “qué caro está todo”) con lo que aumentan los precios. Uruguay es hoy muy caro (en pesos y, mucho más, en dólares) pero los precios suben relativamente poco. Relativamente a lo que ha sido nuestra historia reciente, con la inflación en el eje del 8% y, todavía más, con lo que fueron las cuatro décadas de inflación crónica en la segunda mitad del siglo pasado.

Pero aún si nos quedamos con la inflación, es común escuchar que el 4% no es creíble, porque “en el almacén o en el supermercado las cosas suben mucho más”. Es posible que la persona que piensa de ese modo, tenga in mente una canasta reducida y no la de los cientos de ítems que conforman la del IPC. En ésta, hay precios que suben más que el promedio y otros que suben menos e incluso algunos que bajan (por ejemplo, en 2025, algunos bienes y servicios con sus precios “atados” al dólar).

Si vemos cuánto cambiaron los precios entre octubre de 2022 (cuando se inició la serie actual del IPC) y noviembre de 2025, nos encontramos con que el promedio de los precios subió 14,4%, que el precio que más subió fue el de las mandarinas (+114,8%) y el que más bajó fue el gas por cañería (-39,5%).

Algo parecido sucede con el desempleo, que se ubica desde hace algunos meses en torno a 7%. Es el 7% de la población económicamente activa (población en edad de trabajar -14 y más años- excluidos jubilados, estudiantes, rentistas, quienes sólo atienden las tareas de su hogar, entre otros) lo que arroja unos 140 mil compatriotas. Pero también hay otros 170 mil que están subempleados y, entre los plenamente ocupados, hay una cifra considerable de trabajadores sin registro o “en negro”. Entre esas tres categorías, hay más de medio millón de uruguayos con “problemas de empleo”. Seguramente la percepción de quienes descreen del bajo desempleo tenga en cuenta la situación de subempleados y trabajadores sin registro.

Y, ya que estamos en verano, hablemos de percepciones acerca de las temporadas turísticas. “A simple vista” la percepción se forma con la cantidad de personas que circulan por las zonas turísticas. Pero no es el número de visitantes el indicador correcto para evaluarlas, ya que puede cambiar (y cambia) la estadía o cantidad de días en los que el turista permanece en el país. Y, todavía más, también cambia el gasto diario de cada turista en promedio. Por lo tanto, no alcanza con ver si hay mucha gente o no, sino en saber cuánto gastaron todos ellos, que es la acumulación de los tres efectos: cuántos vinieron, cuántos días se quedaron y cuánto gastaron por día.

Más aún, con un dólar cuyo valor relativo (su poder de compra) ha venido cayendo a lo largo de los años, tampoco dicen mucho las comparaciones entre temporadas distantes entre sí, del gasto de los turistas expresado en dólares, sino que es preferible llevarlo a pesos uruguayos constantes. En esta temporada veremos muchos turistas no residentes en el país, pero ella será parecida a la pasada y distará considerablemente de las mejores temporadas, las de 2017 y 2018.

Otro tema que está en el tapete, a raíz del impuesto “a los ricos” que algunos promueven, es la percepción acerca de qué es ser rico aquí y ahora. Lo curioso es que pasan las décadas y se sigue con la vara fijada en el millón de dólares. Y, sin ir más lejos, con un millón de dólares de hace exactamente 20 años (cuando ya era discutible que un “millonario” fuera rico), hoy sólo se puede comprar el 39% de lo que se podía comprar entonces. Aquel millón, devino hoy en sólo 389 mil dólares en términos de poder de compra. Uno de los problemas de percepción de la realidad que padecemos por tener nuestras cabezas dolarizadas surge de comparar cifras distantes en el tiempo, expresadas en dólares. Ya sea de turismo, como vimos recién, de presupuesto de la enseñanza pública o de valores de los inmuebles.

Volviendo al impuesto a los ricos, no sólo se “corta grueso” con esa cifra absurda, sino que se desconoce la composición del patrimonio del eventual contribuyente, muchas veces en alta proporción integrado por inmuebles destinados a la vivienda familiar, a la producción o al alquiler, a los que aplicar una tasa anual de 1% resultaría confiscatorio. Por argumentos como estos, en el mundo se grava cada vez más a la renta y menos al patrimonio, como bien hizo Danilo Astori con su reforma de 2007.

Dicho sea de paso, esperemos que semejante disparate no prospere. Imagino que algo así, pero bien formulado, sólo podría ser aplicable en el caso de que tenga carácter universal. De lo contrario, daría lugar a una fuga de capitales desde nuestro país hacia jurisdicciones donde no rija, con la consiguiente pauperización de nuestro país. Y no precisamente de los “ricos”.

Y, hablando de inmuebles, es frecuente escuchar a quienes dicen que con determinada inversión inmobiliaria multiplicaron por tres o cuatro, en dólares, en determinado período, el capital invertido. Si esas personas calcularan, para el mismo período, la evolución en dólares del costo de su seguro médico o de la matrícula del colegio, el liceo o la universidad de sus hijos, podrían encontrarse con múltiplos de portes parecidos. Lo mismo que con su salario. En fin, con muchos de los no transables.

Ocurre que la economía se encareció considerablemente en términos de dólares en los últimos 20 años, por lo que una idea más razonable de su retorno ha de surgir de la comparación de los precios de compra y venta de su inmueble, expresados en Unidades Indexadas (UI) o sea a precios constantes, en términos reales, o en poder de compra de su capital. Se trata de otro ejemplo de la incidencia de la dolarización de nuestras cabezas a la hora de entender la realidad.

Y los ejemplos aquí referidos constituyen más evidencia sobre la necesidad de incluir la educación económica y financiera en la currícula liceal.

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Expresión que está en línea con el relato oficial argento, con una frondosa inflación de logros y bastante de contabilidad creativa.

Cuando se ve que en los últimos 12 meses la inflación argentina estuvo arriba del 30% y que en el último trimestre se aceleró, aquella expresión luce más equivocada que exagerada.

En noviembre, en la Conferencia Anual de FIEL, en Buenos Aires, Ernesto Talvi hizo bien en recordar cuánto cuesta bajar la inflación de dos dígitos a uno, frente a lo relativamente sencillo que resulta bajarla de tres a dos.

Para ello puso como ejemplo, entre otros, al caso uruguayo de los 90, cuando terminamos con la inflación crónica, una “señora de cuatro décadas” y fuimos a un dígito.

En los 12 meses a enero de 1991 la inflación fue de 133,7%, el máximo relativo en decenas de años. Sólo ocho meses más tarde, en septiembre de 1991, se encontraba en 91,5%. Pero luego debieron transcurrir 85 meses (siete años y un mes) para que cayera del 10% y se ubicara en 9,9%.

En Argentina alcanzó su máximo relativo en abril de 2024 (289,4%) y nueve meses más tarde, en enero de 2025, se ubicó en los dos dígitos (84,5%).

Siguiendo los dichos del presidente argentino, si no están emitiendo dinero, es curioso que la inflación siga tan campante. Quizá no se trate sólo de “un fenómeno monetario” sino que también jueguen cosas tales como la inercia y la corrección de precios relativos.

Es claro que pasar de tres a dos dígitos pega bien en el bolsillo de la población. Nosotros lo sabemos. Pero eso no implica que la inflación esté derrotada ni mucho menos. Lo más difícil para lograrlo, está por venir.

Es muy probable que a ellos no les lleve los siete años y pico que nos llevó a nosotros, con un programa gradualista. Pero les llevará bastante más que el paso anterior.

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En marzo de 2013, el entonces presidente José Mujica expresó que “Oddone no se subió en su vida a un arado ni en pedo, pero bueno, es importante darle pelota”. Lo dijo ante proyecciones de deterioro fiscal que el economista había formulado desde su actividad de consultor.

En el período pasado, el presidente Luis Lacalle Pou criticó a los economistas (incluido el autor de esta columna) que antes de que se iniciara el período de gobierno, sostenían que sin un aumento de impuestos no mejorarían las cuentas públicas. El entonces presidente hizo ostentación de su crítica tiempo después, a mitad de período, cuando los números fiscales todavía daban bien. Festejó el resultado del partido cuando sólo había transcurrido el primer tiempo y se terminó yendo con una situación fiscal peor que la que heredó.

Ahora le tocó el turno al actual presidente, Yamandú Orsi, que en el cierre de su alocución en el evento de ADM del martes 9, destacó la necesidad de “darle la importancia que merece a la política. Que incluye a la economía y no al revés. Y para eso hay que entender el papel que nosotros los políticos tenemos. Cuál es nuestro papel. Cuál es el rol en esta hermosa tarea. Que va mucho más allá del papel de comentaristas de nuestras verdades reveladas. Y no nos permitan que nos transformemos en simples predicadores”. Dos días después el presidente volvió a la carga: “la economía no se maneja por los analistas, se maneja por el plato de comida que podés llevar a tu casa”, señaló.

Coincido con algunas de las cosas que sostiene el presidente. Efectivamente, la política incluye a la economía y no al revés. La política, y en Democracia, es la forma óptima de resolver nuestros problemas. Una super tecnocracia no lo haría mejor. Los políticos dialogan, negocian, buscan consensos o al menos, mayorías. Antes, deben palpar el sentir de la sociedad y después, explicar. En el caso de nuestro país lo hacen bien, de ahí el prestigio de nuestra institucionalidad, tanto en términos absolutos como, mucho más, en términos relativos en una realidad regional y global decadente en ese sentido.

Pero de ahí a denostar a los economistas porque analicen y comenten la realidad y prediquen ideas, propuestas y soluciones, hay un trecho enorme. Los economistas no tenemos “verdades reveladas” sino que proponemos ideas y políticas con fundamento en la teoría y en la práctica. No pretendemos dictar cátedra a los políticos porque son ellos los expertos en conseguir cosas, no nosotros. Pero sí podemos y debemos mostrar el camino de las ideas y las políticas que conducen a buenos destinos y los que no.

Por cierto, hay cuestiones discutibles, opinables, por lo general en el campo de los valores, del deber ser. Pero hay cuestiones básicas por fuera de toda duda entre economistas profesionales. Por decir tres obvias: una, no se puede tener siempre un déficit fiscal elevado como aquí tenemos desde 2014; dos, es preferible una inflación como las que tienen hoy Uruguay y Brasil (o una aún más baja) que una como la que tiene Argentina; y tres, el crecimiento económico debe “repartirse” entre empleo y salario, o sea cantidad y precio; si sólo se volcara a salarios, lo pagaría el empleo, como sucedió entre 2015 y 2019.

Pero la prueba del nueve está en el hecho de que los “analistas” tan denostados por algunos políticos, han sostenido los mismos conceptos antes, durante y después de pasar por la gestión pública. Además, los economistas más notorios que se desempeñaron en las principales posiciones en equipos económicos de los tres grandes partidos, comparten una misma visión sobre políticas económicas (y se desempeñaron de manera parecida). Felizmente, en nuestro país todos han sido médicos y ninguno curandero.

No se me ocurre mejor ejemplo que el caso de Gabriel Oddone, que fue burdamente criticado por el presidente Mujica porque a este no le gustaban sus dichos y que ahora es el ministro de Economía y Finanzas que eligió el sector político del mismo Mujica. Y que sostiene en el cargo, lo mismo que sostenía antes de soñar con asumirlo, en particular en las materias fiscal e impositiva.

En cuanto al “plato de comida que podés llevar a tu casa”, también allí mi coincidencia con el presidente es total. Ese es el objetivo último de las políticas públicas y creo que mis colegas también lo comparten. No se gobierna para las estadísticas. Pero las estadísticas sí reflejan cómo se gobierna. No es válida cualquier forma de pretender hacerlo.

Y, parafraseando al presidente, creo que “hay que entender el papel” que nosotros los economistas tenemos y “cuál es el rol en esta hermosa tarea”. Y paso a escribir en primera persona del singular.

Cuando desde estas columnas insisto en la frondosa y añeja agenda de pendientes, o me refiero a la lentitud en la velocidad de las reformas que son necesarias (inserción internacional, enseñanza pública, sector público, desregulación o mejor regulación de sectores no transables, desatar vacas atadas, etc.), o expreso que somos “el país del lucro cesante”, o que hay que dotar de consistencia a las políticas económicas, o que hay que ponerle un motor al velero que no se mueve si no recibe buen viento, estoy contribuyendo a la discusión pública de temas que permiten o no que la gente pueda llevar el plato de comida a su casa.

No es predicar para socavar al político ni enrostrarle sus carencias. Es insistir una y otra vez en que hay una forma mejor de hacer las cosas para bien de la gente.

Esa prédica no sólo está destinada a los políticos sino también a la población que vota y elige a sus representantes. Ella es la última responsable y no los políticos, que, en todo caso, la representan bien. Aunque no la lideran.

La población parece estar conforme con sus representantes porque una y otra vez eligen a los que muestran el mismo comportamiento: tocan la pelota para el costado en la mitad de la cancha, se bañan en agua tibia y hacen la apología de la penillanura suavemente ondulada.

A pesar de que una parte de la población no esté llevando suficiente comida a sus casas, en un país en el que uno de cada tres menores de edad, es pobre.

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El gobierno comunicó mal dos veces. Primero el presidente, por falta de precisión, y después el MEF, por exceso de precisión, en un hilo de tweets que sólo puede haber entendido un pequeño puñado de los tres millones cuatrocientos mil uruguayos. Desde la oposición se dijo cualquier cosa: que se requería ley, que era una confiscación, que subirían las cuotas mutuales, y más cosas por el estilo.

En cuanto a la ignorancia sobre el tema, como suele suceder con los más de tres millones de directores técnicos, ahora aparecieron más de tres millones de expertos en FONASA.

Y los malintencionados de siempre (en este caso de la Amsterdam como otras veces de la Colombes) se aprovecharon del río revuelto.

Finalmente, el lunes 29 el MEF puso las cosas en su lugar, al explicar la medida en profundidad y de manera mucho más entendible.

A continuación, algunos apuntes al respecto.

Uno, es un tema pendiente desde 2019.

Dos, se trata de un tema técnico y no fiscal, si bien arrimará recursos a la Tesorería que apenas disminuirán el cuantioso déficit del FONASA.

Tres, la brecha entre el valor vigente del CPE (costo promedio equivalente de las cápitas de la salud) y el que debería aplicarse, es considerable y requiere ser ajustado.

Cuatro, eso implica subir el tope anual de lo que se debe pagar al FONASA, lo que impactará en quienes reciben una devolución en septiembre del año siguiente, por lo que se les había sido cobrado en exceso. Ese impacto implicará que una parte de esos ciudadanos dejará de percibir la devolución y que el resto la verá menguada.

Quinto, esto regirá desde el 1° de enero de 2026 por lo que recién tendrá efecto en la devolución de excedentes de septiembre de 2027.

Sexto, sigue habiendo un tope, por lo que esta contribución no es un adicional al IRPF.

Séptimo, los afectados son los contribuyentes de mayores ingresos, que trabajan en relación de dependencia. Se anunció que una ley hará que no resulten afectados quienes trabajan de manera independiente.

En definitiva, lo que cambia es mucho menos que lo que el tsunami desatado pareció mostrar. Parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Una mención para la actitud del actual MEF, que se animó a ponerle el cascabel al gato, lo que sus dos antecesores no se animaron a hacer.

Y otra para la actual oposición. Este ajuste del CPE es consistente con el Sistema Nacional de Salud (SNS) que introdujo el FA en su primer gobierno, hace 20 años, y que la actual oposición no tocó cuando estuvo en el gobierno hasta hace menos de un año.

Quien fue subsecretario del MSP en el gobierno anterior, “criticó que se trata de una medida aislada y que habría que hacer una revisión más global del sistema” según El País, del martes 30. Una pena que no hayan hecho esa revisión más global cuando estuvieron a cargo del sistema.

Un SNS plagado de vacas atadas que pagan, como siempre, los ciudadanos sin lobby. Es por ahí que se debería buscar abaratar el costo del SNS.

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Más allá de que todos esos números son relevantes para realidades diversas, desde el punto de vista macro prefiero quedarme con el indicador extra regional, ya que refleja mejor que los regionales las consecuencias de nuestras propias políticas, sin contaminarse con los vaivenes de las de nuestros vecinos.

Dicho sea de paso, la variación en el TCR con fuera de la región ya incluye lo que haya ocurrido con el dólar a nivel global, se haya valorizado o depreciado.

Otro aspecto a comentar es el uso de promedios históricos como referencia. Es un instrumento muy utilizado en la profesión y se debe a que su uso es sencillo y objetivo. Claro, sería deseable contar con indicadores precisos de productividad para nuestro país y sus contrapartes, pero dudo que alguien pueda jurar que la nuestra haya mejorado más que la del resto del mundo en las últimas décadas.

Los números referidos muestran, más allá de toda duda, que Uruguay es carísimo. La evidencia anecdótica es contundente, de parte de quienes nos visitan, y nuestra, cuando viajamos. No es casual, en ese contexto, que solamos encabezar cualquier ranking regional de precios en dólares, se trate de lo que se trate: costo de vida, energía, vivienda, salarios, hamburguesas.

En particular, somos un país de sueldos muy altos en términos de dólares, para agregar valor, producir en el país, pero bajos en términos de poder adquisitivo. No en vano, sólo tres de cada diez trabajadores pagan un IRPF que tiene un mínimo imponible bajo.

Claro, como los malos jueces de fútbol, que apelan a un error para compensar otro, dado que somos tan caros, damos tratamiento VIP a las inversiones mediante costosas renuncias fiscales.

¿Cuáles han sido las señales del gobierno ante esta situación? El presidente del BCU ha expresado que es bueno que seamos caros porque ello indica que somos productivos y que, si somos más caros, mejor todavía. Invirtió la relación de causalidad. Error grosero. Los países muy productivos son muy caros, por ser productivos, pero no al revés. Uruguay es muy caro y no muy productivo. Por otro lado, el titular del MEF señaló, desde el primer día, que no sería por el lado de un mayor tipo de cambio que se mejoraría la competitividad y lo plasmó en el escenario quinquenal del Presupuesto con un TCR estable (pero, frente al cual, el TCR siguió cayendo). Las señales desde el gobierno muestran a la cancha flechada: estamos caros, eso es bueno y no lo vamos a cambiar. Dale tranquilo al carry. Y encima te meto miedo por si querés seguir depositando en dólares.

Lo anterior me lleva a lo más importante: pululan los que sostienen que el TCR bajo debe ser compensado con reformas estructurales, reducciones del costo país y medidas por el estilo. Pero esto es mezclar peras con ravioles. Se trata de situaciones de diferente naturaleza y diversos tiempos. Si cae el TCR te afecta ya mismo. Si hago reformas (que primero hay que hacerlas, dicho sea de paso) los beneficios estarán pasado mañana. La pérdida de competitividad de origen macro debe ser encarada desde la macro y no con la micro, que tiene otros propósitos y otros tiempos.

Es claro que, si la caída en el TCR es genuina, no hay más que hablar. Si es porque nuestra productividad comienza a volar sea por la razón que sea. A lo sumo compensar a los sectores afectados por una “enfermedad holandesa” (que acá y ahora no existen). Pero no es ese el caso.

El TCR ha bajado a niveles insoportables porque ha habido mala praxis en la política económica desde hace años. Políticas inconsistentes con un déficit fiscal promedio de más de 4% del PIB en los últimos 10 años y políticas monetarias cambiarias contractivas. Además, una política salarial que recién ahora está abandonando la indexación.

¿Qué cosa extraordinariamente positiva nos ha sucedido en 2025 -y que no nos hemos enterado- para sostener un desplome de 10% en un TCR que ya era muy bajo hace 12 meses? O en 2022, cuando al cierre el año anterior el TCR extra regional estaba en el promedio histórico y en ese año cayó 20%. ¿Cómo explicar un desplome de 24% en el TCR bilateral con China en ese año?

Lo que ocurrió, de nuevo, fue mala praxis. Bajar la inflación a cualquier costo. Incluso se llegó al absurdo, en el BCU, de amputarse el instrumento de intervenir en el mercado de cambios. Está bien que se pretenda bajar la inflación, pero no que se lo quiera hacer a cualquier costo, sin medir daños colaterales previsibles y evidentes.

Y hablemos de los daños colaterales. Porque estas malas políticas imponen ganadores y perdedores, no en la cancha sino en la Liga. Los ganadores son, entre otros, los importadores, los consumidores de bienes importados y los que viajan al exterior por turismo y compras. Entre los perdedores están los exportadores de bienes y servicios y las industrias locales que compiten con bienes importados.

Se trata de una situación equivalente a imponer un tributo a unos y otorgar un subsidio a otros. Por ejemplo, un productor agropecuario está siendo objeto, de manera implícita, de una “detracción” considerable sobre el precio de su producción. Una detracción de porte parecido al que algunos bienes tienen en Argentina. Pero, a diferencia de lo que sucede allende el Plata, el producido de esa detracción no va a la Tesorería, sino que fluye directamente hacia quienes fueron referidos como ganadores en el párrafo anterior.

Lamentablemente, esto no va a cambiar. Es una mala política de país, como tantas otras que tenemos. Y los que se lamentan por la situación son llorones y deben reclamar reformas. Que casi nunca se hacen y cuando sí, no dan para compensar los daños. Sigamos como la rana de la fábula, en la olla a fuego lento.

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¿Cómo era el país hace 20 años? ¿Qué pasó desde entonces? ¿Cómo es nuestro país hoy día? ¿Cuánto cambió su agenda de pendientes?

A finales de 2005 terminaba el primer año del primer gobierno del Frente Amplio y había quedado atrás la mayor crisis económica y financiera de nuestra historia, si bien salarios, empleo y jubilaciones distaban todavía de los máximos previos a la recesión iniciada en 1999 y seguida por la crisis de 2002. Ese gobierno buscaba pagar esa “deuda social” y, de la mano de un viento de cola que había comenzado en 2003 y soplaría fuerte por una década insuflando el precio de las materias primas, lo estaba haciendo.

Tanto la salida de la crisis a cargo del gobierno de Jorge Batlle, como la transición desde los gobiernos de los partidos fundacionales al del Frente, se habían realizado ordenadamente.

El primer gobierno de Tabaré Vázquez fue, además, reformista. Tanto el sistema tributario como el de la salud fueron objeto de ajustes importantes. En el primer caso, con la introducción, después de décadas, del IRPF, y el segundo, extendiéndolo a toda la población. Otro hito de ese gobierno fue el inicio del acceso a los mercados globales de deuda, con títulos en moneda nacional (UI).

Luego vino el gobierno de José Mujica donde se siguió usufructuando del viento de cola global hasta que cesó sobre el final del período, pero antes, desde su segundo año, empezó a haber rachas fuertes desde Argentina con la reaparición del dólar paralelo. A pesar de ello, la nave se mantuvo en piloto automático y empezó a zarandearse en zona de tormentas. Fueron tiempos de equipos paralelos en el área de la economía.

El tercer gobierno del FA debió subir impuestos en contra de promesas y juramentos pre electorales y no tuvo más remedio que pasarle factura a su antecesor. No ajustó sus coordenadas de vuelo lo suficiente como para encaminar la nave en las nuevas condiciones del entorno. Ejemplo de ello fue el mantenimiento del salario real creciendo más que el PIB al costo de una creciente pérdida de puestos de trabajo (más de 50 mil en el quinquenio).

El común denominador a los tres gobiernos del FA, factótum de su prudencia y del mantenimiento de las reglas de juego del Uruguay tradicional fue Danilo Astori, que resultó decisivo para que el FA fuera gobierno al menos en los dos primeros turnos.

El cuarto gobierno de la veintena mostró el retorno de los partidos fundacionales, gobernando en coalición junto a otros. Debió enfrentar la crisis sanitaria global más importante en un siglo y lo hizo bien, de la mano del concepto de “libertad responsable” impulsado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Emprendió una reforma del sistema previsional, lo que denota coraje en un mundo bastante pusilánime, pero ella terminó “aguada”, según palabras del propio presidente, por la razón del artillero: la cuenta de los votos en el Parlamento. También se inauguró una nueva institucionalidad fiscal, si bien se terminó el período con una situación fiscal peor que la recibida.

En el tramo final de ese período la inflación abandonó su “zona de confort” en torno al 8% y se metió dentro del rango meta con techo en el 6%.

Finalmente, tenemos el primer año del quinto gobierno, del presidente Yamandú Orsi, que ha avanzado en materia de inflación llevándola al centro del rango meta (4,5%) y se encuentra en proceso de aprobación de su presupuesto quinquenal. Se avanzó también en materia de desindexación de los salarios. Y se plantea (una vez más, y van…) la convergencia hacia una situación fiscal más sólida hacia el final del período, sobre la base de más ingresos, en parte por nuevas fuentes impositivas.

En estos 20 años la inflación promedió 7,5% y la economía creció al 3,1% anual. Mientras tanto, el déficit fiscal se ubicó en 2,8% del PIB en el promedio de los últimos 20 años y en 4,1% en el promedio de los últimos diez. Al cierre de estos 20 años, la inflación se ubica bien por debajo del promedio referido, en 4,3%, mientras que el PIB está creciendo menos (2,3%) y el déficit fiscal es mayor (4,6% del PIB).

Pero ese crecimiento económico no fue parejo: se ubicó en 4,8% anual en la primera mitad (de viento de cola) y en 1,4% anual en la segunda. Prueba de que crecemos si el viento nos ayuda pero que no lo hacemos si hay calma. Pasa el tiempo y seguimos sin ponerle motor a nuestro velero de modo de poder crecer por las nuestras.

Y esto último es quizá lo más importante. Como se vio, en estos 20 años se introdujeron reformas que quienes vinieron después, no tocaron. Pero no hubo de esas reformas que mueven la aguja en materia de crecimiento económico. ¿Acaso es muy distinta la tasa actual de crecimiento de largo plazo de la economía de la de entonces?

El país ya se venía encareciendo en dólares a finales de 2005, al dejar atrás un país en crisis. Pero ese proceso de encarecimiento, con subidas y bajadas, se encuentra hoy en uno de sus máximos relativos en décadas. Para que las inversiones rindan, se les debe dar beneficios impositivos, renuncias tributarias y zonas francas, o sea, tratamiento VIP.

La evolución de los indicadores económicos no reconoce fronteras entre gobiernos de partidos o coaliciones diferentes. Tampoco hay diferencias en políticas tales como la gestión de la deuda pública (donde hasta se mantiene a los jerarcas “heredados”) o la referida a la promoción de la inversión.

No hay diferencias sustanciales (más allá de palabras y énfasis) entre los sucesivos gobiernos, que parecen satisfechos del rumbo y la velocidad. Y del velero al que no le han puesto motor.

Aunque el tango diga que 20 años no es nada, lo que puede ser cierto para un país, 20 años es mucho tiempo para cada uno de nosotros. Y es una pena que nuestros gobernantes no sepan, no puedan o no quieran aprovecharlos.

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Había conocido a Danilo Arbilla en la redacción de la calle Treinta y Tres, cuando Jorge Caumont, a la sazón mi profesor de micro economía en tercero de facultad, me invitó a trabajar en Búsqueda, a finales de 1983. Un fenómeno Danilo, con quien el “usted” que hasta hoy conduce nuestro trato nunca impidió el afecto y el cariño recíprocos.

Me dijo entonces: “Mire, Javier, usted va a estar en el gobierno y yo acá, en Búsqueda. Nos vamos a pelear tarde o temprano”.

Le dije que no imaginaba tal situación, que ello no iba a ocurrir.

Insistió: “Sí, así será, y yo voy a tener razón y usted no, pero va a pasar y después seremos amigos como ahora”.

Arbilla la tenía clara. Fue tal como el anticipó. En medio del fragor de la batalla en el gobierno, con tensión y nervios en el año del ajuste fiscal más grande de la historia (el nuestro, no el de Milei), un día me despaché contra Búsqueda (que no hacía otra cosa que su trabajo) ya ni recuerdo por qué. La respuesta de Arbilla fue contundente: me hizo protagonista de las “Frases de la Semana” con seis o siete grageas que me pegaron duro (dichos míos, por cierto).

Dos años más tarde estaba escribiendo columnas en Búsqueda y hasta el día de hoy hay un afecto y una consideración mutuos a prueba de balas.

Unas décadas después, me encontraba con una persona de mi amistad, a quien había invitado a almorzar en vísperas de su acceso a un gobierno. Décadas de amistad con esta persona. Le conté aquella historia con Arbilla y le dije: “ahora soy yo quien te digo a ti lo que Arbilla me dijo entonces”.

Sólo me equivoqué en una cosa: esa persona no volvió a ser mi amiga. Lo cual lamento mucho. Pero no fue mi decisión sino su reacción ante la crítica. Crítica que corresponde realizar profesionalmente a quienes de un modo u otro ejercemos el periodismo, ya sea mediante información, investigación o, como en mi caso, con opinión y análisis. Más allá de amistades, afectos, afinidades y cualquiera sea la relación con quienes ejercen la función pública.

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Es cierto que se trata de un año especial, “corto” para el gobierno que se inauguró en marzo y que, como es la norma, en el primer año debe ejecutar el presupuesto del que le precedió. También es corto a la hora de pedirle cuentas por las medidas concretas que pudo realizar: un equipo nuevo, con muy escasos “repetidores” de los gobiernos anteriores del FA, en el que, como siempre pasa con los gobiernos, son apenas unos pocos los que hacen casi todo. En ese sentido, he visto que se reclama al MEF por la falta de medidas desregulatorias o con nuevas y mejores regulaciones. Han sido pocas hasta ahora, quizá por las razones antes expuestas, y cabe aguardar con confianza a la próxima instancia presupuestal, la Rendición de Cuentas, para ver si hay novedades.

¿Cuáles fueron los hitos del año en materia económica? En mi caso, veo al menos tres con nitidez: las pautas para los Consejos de Salarios, el Presupuesto y la política monetaria cambiaria. En definitiva, lo que se refiere a las tres políticas económicas relevantes, que, dicho sea de paso, deben guardar consistencia entre sí para evitar daños colaterales.

Antes de ir al grano, creo necesario insistir con dos premisas relevantes a la hora de analizar las políticas públicas, de modo de evitar la extendida pretensión de dictar cátedra desde el Olimpo. Una, siempre hay que tener en cuenta las restricciones que la política le impone a la economía. No hasta el extremo de rendirse ante ellas, siempre hay que dar todas las batallas por las ideas, pero sí tenerlas en cuenta. Dos, tener presente el mandato con el cual un gobierno llega a la administración. No resulta justo exigir lo que no formó parte del programa que eligió el cuerpo electoral.

Por ejemplo, este gobierno no llegó con el mandato de bajar el gasto público, como hubiera sido deseable y como sí llegó el anterior y que en vez de bajarlo lo subió. Eso no implica que, llegado el momento, y enfrentado ante las circunstancias que se presenten, no deba hacerlo, pero no parece lógico reclamárselo en los primeros minutos de juego.

Tanto en el caso de las negociaciones salariales como del presupuesto, este gobierno, como los anteriores, no innovó significativamente. Todo lo contrario, dio por bueno lo que venía desde atrás y apenas le introdujo cambios marginales. En el caso de las pautas salariales, destaco la desindexación: estimo que, en estos dos años de su vigencia, no habrá “gatillos” salariales. Contra todos los pronósticos, sorprendió la buena sintonía entre el MEF y el MTSS.

Pero el grueso del contenido de los convenios salariales seguirá tan campante, aún cuando es propio de épocas pretéritas y pide a gritos un aggiornamento.

Con el presupuesto, además de introducirse cambios marginales, sigue sin haber una evaluación de las políticas, de los gastos asignados a cada agencia pública.

El presupuesto plantea un escenario optimista, lo hemos dicho casi todos. Un crecimiento económico previsto en más del doble de la tasa anual del decenio precedente, previsiones de ingresos por nuevos impuestos que siempre son de difícil estimación y expectativas de mayor recaudación por una mejor eficiencia de la oficina de impuestos.

Dicho sea de paso, ese crecimiento económico, de casi 13%, se repartiría aproximadamente por mitades entre empleo y salario real.

De ese modo, en la segunda mitad del período mejorarían las cuentas públicas, sólo por presuntos mayores ingresos (los gastos acompañarían al PIB) y en la antesala de la campaña electoral, lo que sería excepcional: sólo sucedió en el gobierno de Jorge Batlle, por la necesidad de alcanzar objetivos extraordinarios de resultado primario tras la mayor crisis de la historia.

Dicho lo anterior, si se crece menos, habrá menos para repartir entre salario real y empleo y con pautas salariales dadas, lo sentiría el empleo (como en 2015-2019). También, menos crecimiento implica menos recaudación y si se mantiene la meta fiscal, se deberán subir impuestos y/o recortar gastos… en la antesala de las elecciones.

El Presupuesto también trajo novedades en materia impositiva, que han tenido ajustes lo que muestra que el MEF dialoga, escucha y tiene “marcha atrás”, lo que es necesario en política. Impuestos que, más allá de lo que rindan, tienen un propósito más “conceptual”, son medidas que fueron pensadas para ajustar y corregir el sistema vigente.

La otra novedad presupuestal consiste en el ajuste de la institucionalidad fiscal fortaleciendo al Consejo Fiscal Asesor y mejorando la regla fiscal de acuerdo con los avances teóricos en la materia, siguiendo los consejos, entre otros, de técnicos externos que venían trabajando con las anteriores autoridades. O sea que no hay disrupciones ni aflojamientos en juego. Lo que sí, me queda la impresión (sólo eso, sin mayor fundamento) de que el tope de la “deuda prudente” es algo elevado.

También hay una mejoría en materia de transparencia al considerar a las inversiones que quedan por fuera del perímetro de la regla fiscal a la hora de informar al Parlamento. El MEF mantuvo la definición de ese perímetro tal como venía, para mi gusto demasiado acotada y dejando por fuera a vastas áreas del sector público.

Finalmente, la política monetaria cambiaria, que sigue estribando en mantener la inflación en línea al costo del atraso cambiario, por el mantenimiento de las inconsistencias entre las políticas económicas: monetaria contractiva, salarial consistente y fiscal expansiva.

Es claro el mejor manejo de las Letras de Regulación Monetaria, que ha permitido una caída considerable de sus rendimientos del orden de 2% en los últimos seis meses, señalizando el camino de la Tasa de Política Monetaria que por ahora sólo bajó en un punto porcentual.

En cuanto al loable propósito de desdolarizar, que reconoce implícitamente la poca fuerza de la política monetaria, temo que no habrá avances que permitan perforar las cabezas dolarizadas de nuestra sociedad.

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Es muy claro, y lo dice alguien que desde hace unos meses ocupa una posición política en el gobierno pero que desarrolló su carrera profesional con gobiernos de diferentes partidos. Y que lo hizo en posiciones de negociación en ámbitos multilaterales, donde aquellas características quedan en evidencia.

Habiendo escuchado su punto de vista, me di cuenta del parecido con lo referido a la política económica, donde también, más allá del debate de entrecasa, proyectamos una continuidad institucional que es valorada por organismos internacionales, calificadoras de riesgo e inversores.

En nuestro país cambian los gobiernos, pero se mantiene la política económica hasta el extremo en que las expectativas económicas no se enteran de las fechas de las elecciones o de los cambios de gobierno. ¿Cuánto cambiaron las políticas salarial, fiscal y monetaria cambiaria en 2020 o en 2025? Poco o nada. La política de promoción de las inversiones, lo mismo. Y quizá el caso más claro es el de la gestión de la deuda pública donde se ha mantenido a los sucesivos directores de la unidad respectiva del MEF a pesar de los cambios de gobierno.

Como broche de lo anterior, viene al caso recordar que, en su último informe sobre Uruguay, de septiembre, la agencia Fitch Ratings expresó que “las plataformas de los candidatos no indicaron diferencias notorias en políticas”.

Sin embargo, acá asistimos a rifirrafes permanentes entre ambas coaliciones, como si hubiera diferencias significativas entre sus propuestas, sus políticas, sus posiciones en general. Es posible que esas diferencias parezcan exacerbadas por destacarse muchas veces las voces más extremas en cada una de ellas, cuando en realidad las mayores diferencias están dadas entre esas posiciones extremas y los respectivos mainstreams.

Es decir que en el ámbito doméstico unos y otros parecen estar enfrentados, pero en definitiva no son muy diferentes entre sí. Son más parecidos que distintos.

Lo que también ocurre, en el contexto referido, es que, a veces, ambas coaliciones cambian sus posiciones al alternarse en el gobierno. Lo que en el gobierno se impulsaba, en la oposición se critica o lo que en la oposición se proponía, en el gobierno se deja de lado. Y viceversa.

Hace un par de semanas pasó el summum en este sentido, a propósito del caso de los despachantes de aduana, cuando el gobierno de izquierda propuso una medida desregulatoria más propia de uno de derecha (Sturzenegger la apoyaría). Sin embargo, la actual oposición se opuso y la norma quedó descartada. ¿La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote?

Todo lleva a presumir que los enfrentamientos son para la tribuna y que no son tales en la realidad. Por cierto, que esto tiene un lado bueno y uno malo.

El lado bueno es indudable: en el país no hay las grietas que pululan por el mundo, no hay cambios abruptos, nadie hace temblar las raíces de los árboles y tampoco hay quien proponga saltos al vacío extremistas, al estilo de los dos populismos de signos opuestos vigentes allende el Plata. La mejor carta de presentación del país es la foto de los presidentes juntos.

Pero ese jugar todos en el círculo central de la cancha y no en las áreas rivales también tiene su lado negativo: no hay espacio para alternativas que, sin ser extremas ni mucho menos, aporten algo de frescura al debate de políticas públicas y den lugar a propuestas que nos sacudan la modorra.

En ese contexto el tiempo pasa y no se hace la reforma educativa que conduzca a una mejora en el capital humano que resulte decisiva para el crecimiento económico. No sólo importa la inversión en activos fijos cuando la función de producción del país incluye también al capital humano. Los sucesivos gobiernos mantienen, adaptan y mejoran la promoción de la primera, pero no concretan la reforma que implicaría promover la segunda.

Lo mismo con las múltiples regulaciones como la de los despachantes de aduana, que dan lugar a vacas atadas. Ahí un solo ejemplo de cuánto cuesta ponerle el cascabel al gato. Como en el período anterior ocurrió con la distribución y comercialización de combustibles.

Y ni qué hablar de la vaca más grande y más atada de todas: el sector estatal de la economía. Y los beneficiarios de ella son los políticos, que nunca bajan el gasto público ni lo evalúan, y los funcionarios que, inexplicablemente, siguen superando los 300 mil. Dicen que la inteligencia artificial está haciendo desaparecer empleos. En nuestro sector público parece que no se han enterado aún del cambio tecnológico y la innovación más potentes de la historia.

También es denominador común a unos y otros administradores (que eso son, en definitiva) la evaluación de las políticas, de los gastos, de las agencias públicas que a veces se repiten haciendo cosas parecidas. ¿Es mucho pedir, por ejemplo, los resultados por áreas en las principales empresas estatales? Digamos, refinería, cemento y ALUR en ANCAP, generación (por fuentes), trasmisión y distribución en UTE y telefonía fija y móvil en ANTEL.

Ese ser más parecidos que distintos conduce, inexorablemente, a lo que yo he llamado “el país del lucro cesante”, o a lo que Pancho Faig en su libro reciente ha llamado “el país del agua tibia”, o a lo que Ignacio Posadas ha denominado “el pacto de la penillanura”.

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En términos generales (toda regla admite excepciones) se puede afirmar que para que ello ocurriera se desconocieron dos reglas básicas de las finanzas.

Una, la relación que suele haber entre la rentabilidad (prometida) y el riesgo asumido. En términos populares, se podría acudir a aquello de que “nadie te promete más que quien no te va a cumplir”.

Dos, el principio de la diversificación del portafolio que, como reza el dicho popular, se traduciría como “nunca pongas todos los huevos en la misma canasta”.

Por cierto, no es la primera vez que esto sucede, ni será la última. En el pasado, se sumaba un tercer factor de problemas a los dos referidos: la moneda en que se tomaba un crédito. Era habitual, en el Uruguay previo a la gran crisis de comienzos de este siglo, que se tomaran créditos en dólares por parte de ciudadanos cuyos ingresos eran totalmente determinados en la moneda nacional. Pero esto terminó con la mejor regulación y supervisión que sucedió a aquella crisis.

Dicho sea de paso, más allá de los casos recientes que el lector ha de tener in mente, hay otro gran ámbito en el cual, desde tiempo inmemorial, la falta de conocimiento económico y financiero genera problemas especialmente de mitad de tabla para abajo, hablando en términos socio económicos: el del endeudamiento de los hogares en el caso del crédito al consumo.

Nuevas regulaciones y supervisiones se vienen sobre ámbitos que quedaron por fuera de su alcance y esto podrá contribuir a mitigar los problemas como los desencadenados en estos dos años, pero los líos seguirán mientras los ahorristas desconozcan principios básicos como los referidos.

Resulta por lo tanto difícil disociar las circunstancias que se han estado dando, de la falta de una adecuada instrucción básica de los ciudadanos en temas económicos y de finanzas personales.

Por lo visto cabe suponer que, en paralelo, también se dieron carencias por parte de los ahorristas, en materia legal o contractual, o del “papeleo” en general, pero esto ya es materia de otra disciplina.

Pero volvamos a la nuestra, la economía y las finanzas personales. Hace tres años publiqué un libro titulado “Economía para Matías” donde procuré llegar con la macro economía a los adolescentes y sus padres. Así lo asenté, deliberadamente, en la dedicatoria del libro. En el entendido de que los padres no recibieron en su momento, en el liceo, la formación básica necesaria para manejarse en la vida en estas cuestiones. Efectivamente, fueron numerosos los comentarios de padres y abuelos refiriendo que habían comprado el libro para sus hijos y nietos y que habían aprovechado a leerlo.

En la gira por Montevideo y la mitad del Interior que realicé en el segundo semestre de 2022, presentando el libro, ante audiencias de todas las edades y de todos los niveles socio económicos, me encontré con un saludable apetito por conocer sobre esta materia.

La necesidad de avanzar en la instrucción de la población en temas de economía y finanzas personales, tiene además otras connotaciones importantes.

Hace algunas semanas, junto con propuestas para mejorar la canalización del ahorro hacia proyectos productivos, mediante la ampliación del “perímetro regulatorio”, el BCU anunció un programa para “fortalecer competencias económicas y financieras de la población adulta”.

Pero aun cuando eso resulta inobjetable, entiendo que aquí y ahora se debe poner el foco en las generaciones más jóvenes.

Un artículo de La Diaria del 30 de mayo de 2024, titulado “El endeudamiento de los padres preocupa y ocupa a los niños” alude a una investigación titulada “Endeudamiento de los hogares y derechos de niños, niñas y adolescentes”, del IPRU y Unicef, que concluye que “los niños y adolescentes de las familias vulnerables de Uruguay expresan vergüenza por el endeudamiento de sus padres y obtienen habilidades de gestión financiera a muy temprana edad”.

Por otro lado, un documento publicado por V. Frisancho en Cambridge University Press el 28 de abril de 2023, titulado “Efectos de derrame de la educación financiera: El impacto en los padres de programas basados en liceos” (traducción propia) sobre una investigación realizada en Perú, mide el impacto de proveer lecciones de educación financiera personal en secundaria, sobre la conducta financiera de los padres. Allí se encontraron considerables efectos en los hogares más desaventajados, que, por ejemplo, bajaron la probabilidad de entrar en default.

En definitiva, como toda buena política pública, nunca es tarde para comenzar, y postergar el inicio tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad.

Y, en el caso de la enseñanza en las materias económica y de finanzas personales, sabiéndose que enseñar a los hijos genera el beneficio para sus padres, más razón para comenzar cuanto antes.

Imagino que debería haber una materia anual, en liceo, en tercero o cuarto, con una sola clase por semana, que comprendiera algo de micro economía, algo más de macro economía y finalmente, finanzas personales.

Lo difícil ha de ser la parte logística de esta historia. ¿De dónde saldrían los docentes? ¿Cómo cubrir todo el territorio nacional? Los docentes podrían ser estudiantes avanzados de economía de las diferentes universidades. Las zonas menos accesibles podrían ser alcanzadas mediante clases virtuales. Adicionalmente, podría haber videos con los contenidos de cada lección, accesibles en la web. Disponibles para los jóvenes y también para ciudadanos de todas las edades.

Hace un tiempo ya que el MIDES, el INJU y el BCU sumaron sus esfuerzos para desarrollar una línea de trabajo llamada “Pin! Piques para manejar tu dinero”, que está disponible en el sitio del MIDES.

Esas mismas instituciones, junto con ANEP, las universidades y el MEF podrían ser parte de un programa como el referido.

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En Argentina las cosas cambian rápido: basta con expresar que en aquella columna referí un riesgo país de más de 800 puntos y me aseguré de señalar la fecha en que la mandaba al diario. Desde entonces, trepó hasta casi 1.500 puntos, tras el salvataje cayó a 900 pero después volvió a trepar y el lunes 29 cerró arriba de 1.100 puntos.

Argentina tiene un déficit fiscal significativo si se cuentan todos los intereses y no tiene el superávit que cuenta el relato oficial. O sea, la política fiscal no saca pesos, sino que los emite. Tiene la inflación “planchada” en casi 2% mensual. En lo que va del año, la economía no ha crecido, sino que cayó. Gastaron reservas que no tenían en defender el tipo de cambio en el techo de la banda y como esos dólares ya no podrían pagar vencimientos de deuda, estalló el riesgo país. Mientras tanto, las tasas volaron para seguir sobornando a los “inversores” del carry trade, al costo de agravar la recesión. Todo eso en un ambiente político deteriorado por la mala gestión política del gobierno y con el populismo de izquierda agazapado ante el posible tropiezo del populismo de derecha. Mala gestión política con impacto en la economía al proclamar a los cuatro vientos que “somos nosotros o es el caos” y al poner en la misma bolsa de “impresentables” a enemigos y a colaboradores.

En Uruguay, mientras tanto, se produjo un presupuesto propio de esta penillanura, rendido ante las restricciones de la economía política, como siempre sin tocar (ni evaluar) el gasto público y prendido con alfileres en sus proyecciones optimistas que parecen diseñadas para evitar el ajuste que se debió hacer y no se hizo.

¿Por dónde pueden venir los tiros desde Argentina? Insisto, más allá de lo que se pueda aprovechar la ayuda de Trump cuando el programa había fenecido. Porque así son las cosas: una vez más, un gobierno argentino y el FMI fracasan rotundamente y sin el salvataje referido todo volaba por los aires. Por mala gestión política (esto es sólo del gobierno) y por mala praxis económica y financiera (esto es compartido con el Fondo). Además de esa asistencia, en las mismas horas el gobierno argentino dispuso una medida “Massista”: suspendió temporalmente las retenciones sobre las exportaciones del agro hasta juntar US$ 7.000 millones. Es decir, una devaluación fiscal breve para hacerse de reservas. Pan para hoy, hambre para mañana.

En ese contexto el dólar se alejó del techo de la banda, el Tesoro aprovechó a comprar dólares y el riesgo país tendió hacia los niveles previos a la crisis.

Entonces, si el gobierno argentino no asume que fracasó, no mejora su gestión de la política y su equipo económico no corrige el rumbo (“Es tu última oportunidad, campeón”, habría que decirle al lenguaraz ministro Caputo), más tarde o más temprano se volverá a estar en la situación de la semana del 15 de septiembre.

Eso implica que Argentina se volvería a abaratar en dólares, lo que podría ocurrir, por ejemplo, si (después de la elección del 26 de octubre) se abandonara la banda de flotación y se buscara acumular reservas de manera genuina. O si el resultado de esa elección no permitiera al gobierno contar con mayorías (mediante alianzas) para profundizar su programa de reformas o si fuera interpretado por el mercado como la sinopsis del retorno del populismo del otro signo en 2027. Una Argentina (una vez más) más barata y con escaso crecimiento económico sería el escenario a considerar en nuestro país.

De los numerosos canales de contagio, el de turismo y compras sería el más intenso. El turismo receptivo desde Argentina, que todavía está muy lejos de los máximos de 2017 (la pasada temporada registró un gasto de turistas argentinos 38% inferior, a precios constantes, a la de entonces) se volvería a resentir y esto “pegaría” en nuestro sector de comercio, restaurantes y hoteles, intensivo en trabajo y en impuestos.

Eso, porque el tipo de cambio real (TCR) bilateral profundizaría su reciente caída. Obsérvese que el índice del TCR (considerando el dólar libre, antes blue) pasó de 41 en noviembre de 2023 a 100 en mayo y a 85 en septiembre (con base 100 en el promedio del siglo).

Menos consumo en Uruguay por desvío hacia Argentina, menos recaudación de IVA y otros tributos. Veamos lo sucedido antes y después de que asumiera Milei. Mientras que en el período de seis trimestres desde el último de 2022 hasta el primero de 2024, la recaudación del IVA cayó 1,0% real interanual, en el lapso de cinco trimestres desde el segundo de 2024 hasta el segundo de 2025, creció 5,6% real interanual. Muchos uruguayos y argentinos volvieron a gastar, a pagar impuestos y a remunerar trabajo en Uruguay.

Otra consecuencia del posible escenario venidero consiste en la “importación” de deflación en términos de dólares. Al ir a comprar del otro lado de los ríos, se enfría el consumo de este lado y los precios acá tienden a “respetar” los de allá. Esto podría coadyubar a una mayor desaceleración de los precios en nuestro país, lo que debería acelerar la caída de la tasa de política monetaria.

En definitiva, si el gobierno argentino aprovecha el salvataje de Trump para rectificar su gestión política y ajustar su política económica, irá a un dólar más alto después de octubre. Y si no lo aprovecha, más tarde o más temprano pasarán por episodios como los vividos a mediados de septiembre. En ambos escenarios, en mayor o menor medida, Uruguay recibirá una vez más el impacto desde su vecino en materia de actividad económica, ingresos fiscales, empleo y precios.

Escenarios de esa naturaleza, aun siendo menos virulentos que el vivido hasta 2023, afectarían al programa que está diseñado en el Presupuesto, por lo que el MEF debería prepararse para tal eventualidad.

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Sobre el escenario macro, temo que al ministro Oddone le suceda lo mismo que a sus dos antecesores: Astori, en 2015, proyectó un crecimiento de 14,6% para el quinquenio y se creció 5,0%; Arbeleche, cinco años más tarde, trabajó con un crecimiento de 11,7% (cuando ya estaba bien instalada la pandemia) y terminó con uno de 6,4%. ¿Será que “la tercera es la vencida” o que “no hay dos sin tres”? Yo no veo motivos para crecer al 2,4% anual, más del doble que en la última década y más de lo que casi todos vemos como tasa de largo plazo.

Asumir un crecimiento mayor al que luego resulte es riesgoso. Dada la proporcionalidad entre la producción y la recaudación, si se asume un crecimiento económico excesivo también se asume una recaudación excesiva. Y si la economía empieza a crecer menos de lo esperado, habrá que hacer un ajuste fiscal a contramano de los tiempos políticos. Que se hará o no.

Un segundo aspecto de “optimismo” está dado por la asunción de que mejorará la eficiencia en la recaudación de impuestos. Hace 35 años, en circunstancias como las actuales, haciendo los números del programa financiero, alguien que sabía mucho de estas cosas me enseñó que no debía contar ingresos inciertos. “Si después vienen, mejor, pero de antemano no los sumes”, me dijo.

Y el tercer elemento difícil de considerar posible, es el ajuste de las cuentas fiscales en la antesala del proceso electoral. El único caso que conocemos, desde 1985, en que los números fiscales mejoraron en la previa de las elecciones fue el del gobierno del presidente Batlle, pero es obvio que no fue por virtud sino por necesidad, dada la situación posterior a la gran crisis y a la reestructuración de la deuda y dados los compromisos asumidos para la salida de esa situación.

En el presupuesto se plantea llegar a un déficit de 3% del PIB para el conjunto del sector público, desde uno de 4,5% del producto en el segundo año de gobierno. También acá viene al caso hacer memoria: Astori, en 2015 y Arbeleche, en 2020, planeaban llegar al último año con el déficit en 2,5% y ambos lo dejaron algunas décimas por encima del 4% del PIB.

Además, el camino hacia la referida mejoría fiscal sólo sabe de aumentos en los ingresos, los que aportarían 1,5% del PIB, por mitades entre impuestos y eficiencias. Mientras tanto, el gasto público quedaría constante en términos del PIB a lo largo de todo el período. Algunos se sorprenden de que no baje, pero ese no fue el mandato de las urnas recibido por el gobierno.

En cuanto a la inflación, se la proyecta en torno al 4,5% anual y se sabe que el BCU planea ir a una meta más baja, del orden del 3% o 3,5%. Pero esto, desde el punto de vista fiscal, tiene un costo adicional, no presupuestado, porque los ingresos acompañan a la inflación contemporánea y los egresos a la inflación pasada. Y con la inflación en descenso, aparece un desfasaje que implica un costo fiscal. Y para cuando una nueva meta pueda regir, a mediados de 2028, al gobierno no le va a sobrar ni un peso.

Finalmente, se asume que tendremos una inflación en dólares similar a la de EEUU, por lo que el “atraso cambiario” actual, considerable, no se vería corregido.

En materia impositiva, además de lo ya referido en cuanto a procurar una mayor recaudación mediante más eficiencia en la gestión, se proponen ajustes en algunos diseños para corregir inconsistencias o adaptar nuestro sistema tributario a cambios globales. Lo que, por principio, parece razonable, independientemente de lo que recauden. Resta saber cómo se determinarán, en la reglamentación de la norma, los “incrementos patrimoniales” debidos a las ganancias de capital de activos situados en el exterior, que no es algo trivial. Tampoco es trivial estimar la recaudación de los ajustes impositivos planteados, sobre todo si se introducen ajustes al texto en función de algunas observaciones fundadas que ha recibido.

Por último, cabe destacar lo referido a la institucionalidad fiscal, que tuvo un primer paso en la LUC y que ahora tiene un segundo paso, para incorporar “los avances más recientes en la literatura económica” y “las lecciones derivadas de la experiencia internacional”. Para ello se ajustan las metas, se busca mejorar aspectos metodológicos y se fortalece a los grupos técnicos externos. Parte de las contribuciones recibidas surgieron de una consultoría del BID que fue encargada por la administración anterior, lo que denota continuidad y no un quiebre en este proceso.

Se considera ahora a la deuda neta como ancla de mediano plazo y, como metas operacionales de corto plazo, al resultado fiscal estructural y al tope de endeudamiento neto, ambas anuales. Se abandona la meta referida al tope del crecimiento real del gasto, por varias razones fundadas, en particular para “evitar la sobre determinación del marco fiscal”. Los argumentos son entendibles, pero esa exclusión puede dar lugar a consideraciones negativas también entendibles. De todos modos, será fácil estimar el crecimiento del gasto y el gobierno se plantea ser bien explícito al respecto.

Además, se procederá a transparentar la inversión en infraestructura que está por fuera del perímetro de la regla fiscal, por ejemplo, en el ámbito de la CND. El MEF afirma que “incorporar una regla que otorgue un marco explícito a la inversión pública que trasciende el período de gobierno resulta fundamental para conciliar la sostenibilidad fiscal con el desarrollo de infraestructura”. Para ello, habrá un tope global anual a estas inversiones, habrá una mayor injerencia del MEF en el proceso y se informará al Consejo Fiscal Autónomo y a la Asamblea General, por lo que habrá control parlamentario. Enhorabuena, vistos los antecedentes.

Eso, así como las empresas estatales y el BCU, debió entrar al perímetro de la regla fiscal, pero, inconvenientemente, se los mantuvo por fuera, como hasta ahora.

En resumen, avances en la institucionalidad fiscal y en la transparencia, razonables modificaciones y ajustes en materia impositiva y peligroso optimismo en el escenario macro para el quinquenio.

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