Varios “tuiteros” discreparon con el “no está bueno” del final de mi posteo. Básicamente, (los mejor intencionados) quisieron expresar que esa desaprobación se la tienen merecida unos y otros y que está bueno que lo sepan para ver si reaccionan y hacen mejor sus respectivos trabajos.

Es claro que entiendo ese punto de vista, pero es claro que mi lectura de la situación va por otro lado.

Me refiero, obviamente, a que no es una buena noticia para un país, que sus dirigentes políticos padezcan la desaprobación de sus representados, máxime cuando ello ocurre en los dos bloques en los que se divide electoralmente el país. No se trata de que hay disconformidad con uno y está la alternativa de votar al otro. No hay en el menú otros platos alternativos. Reitero: no está bueno.

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Después de mucho tiempo sin registrar aumentos significativos, tanto en abril como en mayo hubo aumentos de porte poco habitual, obviamente, de la mano del aumento de los precios internacionales debido a la guerra en Oriente Medio. Así, los tres combustibles referidos tuvieron aumentos de 7% desde el inicio de abril y de 7% y 14% (éste, en el caso del gasoil) desde el 1° de mayo.

Dichos aumentos resultaron más que justificados y son inferiores a los que se han dispuesto en el mundo. De hecho, en los tres casos pudieron ser mayores si se toman en cuenta los respectivos precios de paridad de importación (PPI). La súper podía haber subido otro 2,4%, el gasoil un 20,6% más y el super gas un 10,8% adicional. Pero, como es habitual en nuestro país, el acompasamiento de los precios locales a los mundiales se da con cierta gradualidad, amortiguadamente.

Cabe poner énfasis en el hecho de que los precios locales referidos tienen como referencia a los respectivos precios mundiales de los refinados y no al precio del petróleo, que es la referencia más popular e intuitiva. De todos modos, la variación registrada en el precio del crudo desde la víspera de la guerra, cuando el Brent estaba en US$ 72,50, es tan elocuente como las de los refinados.

En la noche del 30 de abril, cuando ya se habían dado a conocer los nuevos precios, publiqué el siguiente post en la red social X: “Viendo algunas reacciones al aumento de los combustibles uno se pregunta si saben que hay una guerra por la que subió considerablemente el precio internacional de los combustibles. ¿Son o se hacen?”.

Previsiblemente, llovieron comentarios, respuestas e insultos de todo calibre. Dejando de lado estos últimos, me voy a referir a algunos de los apuntes a que dio lugar mi reflexión, en los que vale la pena detenerse.

Uno, se refiere a algo que a esta altura es una leyenda urbana: que en el año pasado se aprovechó a hacer caja por varias decenas de millones de dólares y que ahora no se actúa con simetría, si bien ya vimos que se han ido dando aumentos inferiores a los que surgen de las fórmulas oficiales, con el consiguiente costo fiscal. Pero no es cierto que en el año pasado se utilizara el acopio de caja en ANCAP con un propósito fiscal. De acuerdo con los números que cada fin de mes publica el MEF para cada empresa estatal, en el año 2025 ANCAP acumuló caja por US$ 41 millones (deducida, evidentemente, la caja que generó la reducción de stocks, que es transitoria). En el año 2024, esa cifra había sido negativa en US$ 115 millones, por lo que en todo caso se restableció una situación más saludable. Y 41 millones representan apenas el 1,2% de los ingresos de la empresa y 0,05% del PIB, lo que resulta insignificante.

Dos, hay quienes sostienen que como los combustibles son muy caros, en casos como estos deberían reducirse los impuestos para que se traslade menos al consumo y la producción. Lo que parece que no se sabe es que el Estado no es “socio” de los exportadores de petróleo dado que, desde hace años, el IMESI es de suma fija y se ajusta anualmente por IPC. La mayor parte de los impuestos no están “acollarados” con el precio del petróleo o sus derivados. Por lo que no existe tal posibilidad salvo que se decida perder recaudación, lo que no sería aconsejable dadas las malas circunstancias fiscales.

Sí hay otros costos a los que se le podría hincar el diente: los costos de comercialización, de casi 13 pesos en los 88,03 que cuesta la súper, de casi 10 en los 57,72 que cuesta el gasoil y de casi 42,50 (¡!) en los 101,26 que cuesta el kilo de super gas.

Además, los precios de los combustibles cargan con pérdidas de ANCAP en áreas tales como el cemento y el biodiesel y el del gasoil tiene en la mochila una carga de tres pesos que no debería tener.

En todo caso los esfuerzos de las autoridades deben orientarse a abatir este tipo de costos. El gobierno pasado se planteó reducir los costos de comercialización y después reculó y en el actual nada se ha oído al respecto.

Por último, es obvio que, al llevar cualquier precio en Uruguay a términos de dólares, se sale perdidoso en la comparación con los de otros países de la región. Pero esto excede a los combustibles y es regla para todo precio, dado que el único que está barato, aquí y ahora, es el dólar. Así, por ejemplo, tenemos desde el mayor precio de una hamburguesa hasta el mayor salario presidencial, al expresar los precios en dólares y compararlos con los de otros países del área.

Tres, hay quienes sostienen que la solución sería la desmonopolización de la importación de combustibles, pero cuando se conocieron indicadores de la refinería, no fue obvio que hubiera excesos. Debe tenerse en cuenta, además, que, si se desmonopolizara y cualquiera pudiera importar combustibles, no podría exonerársele de los gravámenes con los que carga ANCAP y que son ajenos a ella, porque no sería justo. Hay sobrecostos de la empresa que no son “empresariales” sino producto de decisiones políticas de otro nivel, como seguir produciendo cemento, vendiendo super gas a pérdida y subsidiando a Bella Unión. En este caso se usa a ANCAP como ministerio de desarrollo social o algo por el estilo y en realidad por medio del Presupuesto debería reembolsársele esas partidas, lo que daría lugar a una rebaja en los precios de los combustibles… pero que debería ser financiada por un impuesto nacional. En todo caso, sería más transparente.

En fin, algunos apuntes para ayudar a entender un tema del que se habla mucho y muy mal.

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Tras aquellos “quinquenios de oro” (por usar lenguaje futbolero), en los que se creció respectivamente 33% y 29%, vino el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo de Tabaré Vázquez, y el crecimiento fue paupérrimo: 5% en el acumulado de los cinco años. Y se perdieron las elecciones.

En el período siguiente, el presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, enfrentó con éxito la pandemia, pero repitió, al cabo del quinquenio, un pobre resultado económico: sólo creció 7% en los cinco años. Y su partido también perdió las elecciones.

Ha vuelto a quedar bien claro que en Uruguay no le hemos puesto motor al velero y que, si no hay viento, éste se mueve poco.

No pretendo ser económico-centrista y entiendo que en esos dos gobiernos perdidosos pudo haber otras razones, extra económicas, que coadyuvaron a las respectivas derrotas. Pero permítaseme considerar al pobre crecimiento económico como una razón valedera. Con poco crecimiento hay poco para repartir en materia fiscal y también poco para aumentar salario y empleo.

De hecho, en una entrevista con Ismael Grau, en Búsqueda, en diciembre de 2024, expresé, e Ismael eligió para titular la entrevista, que “el bajo crecimiento económico ya se cargó a dos gobiernos”.

Ahora estamos a poco más de un año de haberse iniciado un nuevo período de gobierno. El crecimiento económico viene claramente por debajo de lo proyectado en el Presupuesto y la proyección para el quinquenio ya bajó tres puntos y está en un dígito. Mientras tanto, la aprobación del presidente viene muy por debajo de lo que cualquiera hubiera imaginado sólo unos meses atrás. ¿Correlación o causalidad?

En cualquier caso, siendo que es muy temprano todavía, con la información de hoy, todo apunta a que se cumpliría aquello de “no hay dos sin tres”.

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En nuestro país la meta de inflación es de 4,5% y hay un desvío hacia abajo que preocupa al equipo económico, que ha llevado al BCU a flexibilizar urgentemente la política monetaria desde fin de enero, tras haberse “dormido” demasiado tiempo con una política demasiado contractiva. Además, contra lo escrito en piedra, se anunció la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios para apuntalar el precio del dólar, de ser necesario.

En Argentina, el gobierno proyectó en el presupuesto de este año una inflación de 10,1% que ya fue casi toda realizada en el primer trimestre (9,4%). La arruga en la alfombra de la inflación mensual que empiece con cero se sigue deslizando.

Allí, el presidente economista proclama a los cuatro vientos que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, citando a Friedman. Dice que desde el día uno se terminó con el déficit fiscal y por lo tanto no hay razón para emitir dinero y entonces la inflación se terminará en el horizonte de 24 meses a que refiere la teoría.

Algo no estaría marchando de acuerdo al plan. Veamos.

Primero, el error político de casarse con un solo objetivo, basado en premisas conceptuales equivocadas. Además de ser un fenómeno monetario, en la inflación inciden otros aspectos, como la indexación (más en una economía que venía volando en tres dígitos) y el ajuste pendiente de precios relativos: tanto el dólar como los precios de varios servicios públicos estaban muy atrasados en el día uno y comenzaron a ser ajustados desde ese mismo día, con considerable impacto en el IPC, que es el termómetro que usamos para medir la fiebre llamada inflación.

Segundo, no se terminó con el déficit fiscal ni mucho menos. En realidad, no se cuentan los intereses de lo que serían nuestras Letras de Regulación Monetaria y que, en Argentina con este gobierno, pasaron del BCRA al Tesoro. Se trata de más de 4% del PIB. También es cierto que si se suma el “impuesto inflacionario” (a tasas exorbitantes hasta ahora) el balance patrimonial del sector público mejora, como claramente lo muestra Ricardo Arriazu en sus estimaciones. Pero esa inflación está y, por lo visto, se la necesita. En los últimos meses el (falso) “déficit cero” se ha mantenido postergando egresos, acumulando deuda flotante.

Tercero, Milei y su equipo económico olvidaron que es mucho más sencillo bajar la inflación de tres a dos dígitos que hacerlo de dos a uno. En Uruguay, el plan de estabilización iniciado en 1991 tardó unos pocos meses en bajar la inflación a menos de 100% anual, pero demoró casi ocho años en llevarla a menos de 10%. Atarse a un compromiso referido a terminar pronto con la inflación y generar las expectativas del caso, resulta muy osado.

Lo peor del caso es que en los últimos meses la inflación se viene acelerando a pesar de que el dólar está sujetado. Partiendo de septiembre, en abril se habrá acumulado una inflación de 21% con el dólar bajando 2%. Pero desde el equipo económico parecen tener respuesta para todo y afirman que si el BCRA no estuviera comprando reservas el dólar estaría todavía más abajo. Lo que no dicen es dónde estarían las reservas, que siguen en terreno negativo.

Por último, las expectativas del mercado apuntan a una inflación de 29% para este año y de 19% para el próximo, por lo que Milei iría por su reelección, el año que viene, sin cumplir con el objetivo central de su mandato.

Ah… y, dicho sea de paso, la economía argentina no crece desde diciembre de 2024.

Mientras tanto, en nuestro país, ya vimos que la inflación está por debajo de lo previsto y que eso le preocupa al equipo económico. En columnas anteriores expliqué por qué ese incumplimiento “por debajo” de la meta es negativo y vimos que hay dos tipos de razones. Una, fiscal, porque la recaudación nominal crece menos, mientras que el grueso de los gastos subió al inicio del año según la inflación pasada, más alta que la actual. Dos, en el mercado laboral, porque al subir más el salario real, se compromete el aumento del empleo, máxime con el PIB creciendo por debajo de lo previsto.

Sin embargo, ese desvío no impidió que las expectativas continuaran bien ancladas en la meta del 4,5%. Es claro que se piensa que es algo transitorio y, en los hechos, entre el aumento reciente del tipo de cambio y los aumentos en los precios de los combustibles, se volverá más temprano que tarde a dicha meta.

Digo aumentos en los precios de los combustibles en plural porque nadie puede pensar que con un petróleo (Brent) que estaba en US$ 72,50 en vísperas del inicio de la guerra en Oriente Medio y que al enviar esta columna al diario el lunes 27 estaba por encima de los US$ 100, el lío se va a arreglar con un par de aumentos de 7%.

De todos modos, es posible que la inflación subyacente, que excluye a rubros con precios volátiles como la energía, tarde más en converger al 4,5%.

No quiero terminar esta columna sin insistir en la razón por la cual la inflación se desplomó desde que cerró 2024 en 5,5%. Sobre todo, porque se han ensayado diferentes explicaciones, desde que se debió a que el dólar se cayó en el mundo y acá también, hasta la novedosa teoría de que la inflación vendría a ser algo como un fenómeno comunicacional.

Fue efectivamente el dólar, pero no porque se cayera en el mundo, sino porque acá cayó más todavía, como lo muestra el hecho de que nuestro tipo de cambio real se desplomó tanto en el frente extra regional (10,5% en 13 meses a enero) como con Argentina (15% con el dólar libre, antes blue, en igual lapso). Mientras tanto, con Brasil, que ha llevado adelante una política monetaria todavía más contractiva que la nuestra, el tipo de cambio real no cambió en el período referido.

En definitiva, todo apunta a que en unos meses tendremos a la inflación en la cercanía de la meta, mientras que en Argentina tendrán que caer en la realidad de que ir a un dígito no era un trámite.

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Las respuestas fueron previsibles: todos aprobaron el rumbo, una vasta mayoría la velocidad (nos quedamos sin saber si, en el caso de quienes no la aprobaron, ello fue por exceso o por defecto) y sólo una pequeña minoría aprobó los modos.

Digo que fueron previsibles (máxime en el contexto del perfil de los participantes) porque el rumbo actual de la economía argentina, después de haber probado las alternativas que se han ensayado, parece ser el único plato que iba quedando en el menú. Es posible que cuando el tiempo pase aparezcan alternativas más centradas, que limen las asperezas del rumbo actual. Pero en medio de un incendio, la cuestión es apagarlo y no preocuparse por si los muebles están bien lustrados.

Algo similar sucede con la velocidad. En un país cuya economía no había crecido en los 10 años anteriores a la asunción del presidente Milei, y que por lo tanto había caído más de 10% en términos por habitante, la necesidad y la urgencia de “recuperar el tiempo perdido” son angustiantes.

Finalmente, los modos. En este caso era previsible la desaprobación. Salvo para extremistas con escaso contenido republicano en sangre, los modos de Milei son insoportables. Inicialmente insultó a políticos y economistas, ahora le ha dado por los empresarios. Y no le resultó gratuito, al menos en el caso de los políticos, al meter en la misma bolsa a tirios y troyanos, opositores y colaboradores. Ese estilo lo llevó a revertir el score de aprobaciones en el Congreso entre 2024 y 2025, pasando de una contundente goleada a favor a una igual, pero en contra.

Dejemos a un lado a la Argentina, porque camino a casa, aquella noche, me quedé pensando en cómo serían los resultados de una compulsa similar, en este lado del Plata. Aclaro que no la pensé para un público con las mismas características que el de entonces, sino para el común de la población compatriota.

¿Cómo ven los uruguayos el rumbo de su país, su velocidad y los modos dominantes entre sus dirigentes políticos?

Quienes siguen mis columnas saben lo que pienso sobre nuestros gobernantes: creo que ellos son más parecidos que diferentes entre sí, más allá de estar hoy o ayer en gobierno u oposición. Y, en los hechos, más allá de matices, se alternan en el gobierno manteniendo lo esencial de nuestro país.

De algún modo se puede decir que la población elige más o menos lo mismo siempre. Y que, cuando aparecieron platos diferentes en el menú (lo que ocurrió, notoriamente, en 2019), ello resultó efímero. Cinco años después casi no quedan vestigios de aquellos outsiders.

Y viene al caso señalar que en ningún caso se trató de dirigentes con la agenda ni el estilo de Milei. La oferta se amplió en nombres, pero no en contenidos.

En ese contexto, el común denominador de las ideas de nuestros dirigentes políticos consiste en una concepción social estatista batllista. Y, en ese sentido, representan muy bien a una sociedad con ese ADN. Para representantes y representados, el rumbo es el correcto.

Estamos en una economía de mercado, pero con una importante participación del Estado, tanto cuantitativa como cualitativa: abultado presupuesto, con alta presencia en áreas sociales como seguridad social, salud, enseñanza y protección social. Mientras que, en otros países, gobiernos liberales se han jactado de realizar decenas de privatizaciones, en Uruguay casi que no las hemos tenido, por la sencilla razón de que nunca tuvimos un Estado obeso como propietario. Apenas hubo alguna vez algo más de una decena de empresas de propiedad estatal. Además, nuestras empresas estatales, al menos las más notorias, casi que no nos han dado dolores de cabeza por pérdidas ni por un clientelismo abrumador. Algunas ganan dinero mediante precios altos que cobran a sus clientes (por suerte ahora somos clientes, antes nos llamaban usuarios) gracias a las vacas atadas con las que cuentan, que permiten compensar ganancias monopólicas con pérdidas en competencia.

Creo que también la velocidad es factor de satisfacción entre los uruguayos. Y así ante cada reforma importante, se levantan referendos. Que a veces logran su cometido y a veces no. Pero que restan dinamismo. Y, posiblemente, contribuyen a abortar otros intentos de reforma.

¿Y los modos? Tampoco imagino mayor disgusto de los uruguayos con los modos que prevalecen en la política. Sacando extremistas barras bravas en ambos bandos, minoritarios pero vocingleros en redes sociales, el grueso de nuestros políticos ostenta respeto y buen diálogo.

Por cierto, hay minorías disconformes con rumbo y velocidad, entre las que se encuentra este columnista que, con 64 años cumplidos, ve que la agenda de reformas pendientes se mueve poco y que algunas de ellas ya estaban sobre la mesa algunas décadas atrás, cuando daba sus primeros pasos en la profesión.

En cuanto a los modos, que comparto, creo que les falta una vuelta de tuerca, que consiste en que se puedan sumar adhesiones inter partidarias a las propuestas legislativas. El comportamiento de rebaño hacia dentro de cada bloque, inhibe buenas reformas, al tener que promediarse, a la interna de cada gobierno, visiones diversas de distintos sectores o partidos que lo integran. Con lo cual se diluyen las mejores ideas, que podrían recoger apoyos extra partidarios. Pero, claro, no es evidente que lo que se propone desde el gobierno se ofrezca desde la oposición y nadie quiere arriesgar la unidad sin saber qué podría obtener a cambio.

Todo hace suponer que, dada la conformidad de una población que tiende a elegir siempre más o menos lo mismo, seguiremos por este trillo, de rumbo y velocidad.

Nuestro contexto de agua tibia nos tiene conformes. ¿Para qué cambiar, si vamos bien? ¿Para qué ir más rápido, qué apuro hay? ¿Para qué ser disruptivos (en materia de ideas) a la interna de nuestros partidos o bloques?

En este contexto no cabe imaginar la posibilidad del surgimiento de un Milei uruguayo. Ni por el rumbo, ni por la velocidad ni por los modos. Pero sin llegar a ese extremo indeseable, a algo mejor deberíamos aspirar.

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En particular, para el año 2025 el MEF proyectaba un crecimiento de 2,6%, que excedió largamente lo que finalmente sucedió, con uno de 1,8%. Pero, más duro aún, resulta que esa proyección se estampó en el escenario el 31 de agosto, a sólo cuatro meses de terminar el año. Claro, no se esperaba que la actividad económica cayera en la segunda mitad del año. Justo es reconocer que entonces el consenso de los economistas del sector privado esperaba un crecimiento de 2,5%, casi igual al del MEF.

En febrero el MEF ratificó su expectativa de crecimiento para el año en curso en el 2,2% establecido en el presupuesto, mientras que el consenso en la profesión apunta a sólo 1,6%, que, desde mi punto de vista, también es optimista. Más recientemente, el ministro señaló que aquella proyección podría ser revisada.

Como explicaba en aquella columna, un peor desempeño económico genera dos problemas: uno, fiscal, ya que la recaudación impositiva, que está estrechamente ligada a la actividad económica, se resiente, y dos, en el mercado de trabajo, porque con menos crecimiento de la economía es posible que crezca menos la masa salarial y, dados los aumentos de salarios previstos, que el empleo se vea afectado.

¿Qué otras cosas pasaron desde entonces? En el inicio de marzo estalló una guerra en Medio Oriente, que desde su día uno ha dado lugar a lo habitual ante ese tipo de situaciones: la energía y el dólar se encarecen, la inflación tiende a acelerarse y las tasas de interés a apuntar para arriba. Es decir, un “shock externo negativo” para una economía como la nuestra, lo que fue explicado hace dos lunes en esta tribuna.

Mientras tanto, en nuestro barrio, Brasil desacelera su crecimiento y sigue muy barato mientras que Argentina vuelve a encarecerse, pero el ingreso y el consumo están resentidos. Ya vimos que eso dio lugar, en nuestro país, a una temporada turística desmejorada con relación a la anterior.

Y, en el terreno local, junto con el menor crecimiento de la economía se dio un “desplome” de la inflación al entorno del 3% que agrava lo expresado antes con relación al mercado de trabajo: con más aumento real de los salarios que el previsto, la afectación del empleo puede ser todavía mayor. Dicho sea de paso, no hubo mayores novedades en materia salarial con relación a las pautas, por lo que el mayor aumento real sólo es atribuible al desvío en la inflación.

Ese desvío en la inflación, como es sabido, llevó al BCU a reducir la tasa de política monetaria de manera considerable en enero y marzo, por haber mantenido demasiado contractiva a esa política por demasiado tiempo. Previsiblemente, esto logró el efecto buscado (“ayudado” por el efecto de la guerra sobre el dólar a nivel global), que era subir el tipo de cambio para reacelerar la inflación, dado que el tipo de cambio es el principalísimo canal de trasmisión de la política monetaria en este país bimonetario, tanto cuando se lo induce a bajar con una política contractiva como cuando se lo procura subir, con una expansiva. Nada nuevo bajo el sol. Los aumentos en los precios de los combustibles, aún con gradualidad, coadyuvarán a una mayor inflación.

Llegado este punto debo referir las palabras del ministro Oddone, en ocasión de anunciar el 17 de marzo los lineamientos para el proyecto de ley de Competitividad e Innovación junto con algunas medidas referidas al comercio exterior. En esa oportunidad, él se refirió a que ahora sólo se podría avanzar por este camino porque del lado de la macroeconomía ya no habría más que hacer. Interpreto que el ministro considera que lo realizado en materia monetaria es todo lo que puede dar la macro.

Pero eso no es así, desde la macro se puede hacer mucho más, pero resulta muy difícil, desde el punto de vista político, poder hacerlo. En particular, en el frente fiscal, donde hay un déficit primario del sector público del orden de 1,5% del PIB y debería haber por lo menos equilibrio. Además, ese ajuste fiscal debería realizarse por el lado del gasto público y no del lado impositivo, como bien apuntó recientemente el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Con una política fiscal de ese modo contractiva, lo mismo que sucede con una política monetaria expansiva, se podría ir a un tipo de cambio más alto de manera fundada.

La dificultad política de ir por ese lado es clara en general y más en el caso particular de este gobierno que asume haber recibido un mandato popular (en ocasión de su elección) de no bajar el gasto. Pero, como se sabe, la necesidad tiene cara de hereje, por lo que no hay que perder la esperanza en ese sentido. Más recientemente, el ministro Oddone se refirió a la posibilidad de “postergar” ciertos gastos.

Así como en los últimos 10 años la economía creció demasiado poco (1,3% anual en 2016-2025), también tuvo un déficit fiscal demasiado alto (4,1% en el promedio de esa decena). No parece necesario abundar en la insostenibilidad de esa yunta de indicadores.

Volviendo al título, ¿cómo debería seguir la política económica? Creo que se debería aprovechar la instancia presupuestal del 30 de junio, la Rendición de Cuentas, para presentar un escenario más realista en materia de crecimiento económico. Como consecuencia de ello, aparecería de inmediato un mayor desequilibrio fiscal al previsto en el escenario del Presupuesto, que debería ser enfrentado por el lado del gasto, como recomiendan el CFA y el sentido común.

Y ahí volvemos a la restricción política derivada del mandato. ¿Cómo debe ser leído éste? ¿Como que no se debe bajar el gasto? ¿O como que no se debe bajar el presupuesto de modo que no se vean afectadas políticas clave para la izquierda? ¿Se asume que todo el gasto es eficaz y eficiente? ¿Se supone que no hay “gorduras” por ningún lado? La evaluación del gasto público y su focalización no son de izquierda ni de derecha.

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A todo esto, ¿qué es un shock externo? Un shock externo, positivo o negativo, es un fenómeno exógeno a la economía local que da lugar a un impacto significativo en ella. Ese fenómeno puede tener naturaleza económica o no, como en una pandemia, o en un fenómeno de naturaleza climática (inundación, sequía), o en uno de sanidad animal o, como ahora, en una guerra.

Y, entre los de naturaleza económica, los hay de origen regional y de origen global. Entre los primeros, un cambio significativo en el valor de la moneda de un país vecino, o una crisis económica en uno de ellos, o, más en boga en nuestro continente en los últimos años, las corrientes migratorias. Mientras tanto, entre los de origen global se destacan los cambios abruptos en los precios de exportación o importación, el comportamiento de las tasas de interés y las recurrentes crisis financieras.

Ante un shock exógeno, de cualquier signo, y ante la necesidad de adoptar medidas de política económica, corresponde considerar su naturaleza, transitoria o permanente. Y, acto seguido, establecer la estrategia que minimiza el riesgo de equivocarse.

Por eso, ante un shock positivo, lo ideal es considerarlo transitorio, ya que, si al fin resulta permanente, se habrá estado mejor de lo esperado. Si, por el contrario, se lo asume permanente y luego resulta transitorio, se habrá “vendido la piel del oso antes de cazarlo”. Como quien un día recibe un ingreso ocasional (un nuevo cliente o un acierto en un juego de azar) y actúa como si se tratara de algo permanente.

Contrario sensu, si el shock es negativo, lo mejor es considerarlo permanente y si después resulta que no lo era, se podrá aprovechar haber tomado los recaudos del caso. Si, en cambio, se supone que la mala noticia es transitoria, y resulta que se extiende en el tiempo, se tendrá que tomar medidas de ajuste más tarde y más profundas.

¿Qué cabe esperar de un shock externo negativo como el actual? Un fenómeno de esa naturaleza, afecta al ingreso de un país. Simplificando, se puede señalar que el país que recibe un shock exógeno negativo se vuelve algo más pobre que antes de que ello ocurriera. Y esto no resulta inocuo, trae consecuencias. Pueden verse afectados el PIB y el empleo, puede haber una corrección cambiaria (un mayor tipo de cambio), puede aumentar la inflación y bajar el salario real, puede haber un impacto fiscal negativo.

Esas consecuencias serán probablemente mayores en una economía con mayores rigideces que en una más flexible. Veamos dos ejemplos al respecto.

Uno, en materia cambiaria. Ante la necesidad de ir a un tipo de cambio más alto, ello será factible en un contexto de tipo de cambio flexible y no lo será en uno de tipo de cambio fijo, como fue el caso de la convertibilidad argentina de los noventa o el de las tablitas rioplatenses de finales de los setenta y comienzos de los ochenta.

Dos, en materia salarial. Una caída en el nivel de actividad, seguramente será acompañada de una en la masa salarial, que es el producto del salario y el empleo. Cuanto más rígidos sean los salarios, más se verá afectado el empleo. Justamente por esta razón, en el año 2020 en medio de la pandemia, el gobierno acertadamente convocó a empresas y sindicatos a pausar los aumentos salariales en lo que se llamó “el año puente”. Con ello se buscó minimizar el impacto del shock de entonces, sobre el empleo. La actual institucionalidad salarial es mejor que la de otrora para lidiar con estos shocks, en la medida en que no hay un traslado inmediato de precios a salarios y a que eventuales “gatillos” tienen en cuenta a la inflación subyacente, que excluye a la energía.

Es decir que, en ambos casos, nuestro país se encuentra mejor parado que en el pasado para enfrentar shocks externos negativos si bien sus efectos se habrán de sentir de todos modos.

¿Qué ha pasado en las primeras dos semanas de la guerra en Medio Oriente? Y me refiero a dos semanas ya que, como siempre, envío esta columna al diario el lunes 16, anterior al de la fecha de su publicación.

En el mundo se ha apreciado considerablemente el petróleo, que pasó, redondeando, de 72 a 104 dólares el barril Brent y denotando una volatilidad inusual, como ha ocurrido con casi todos los precios. En el caso de otras materias primas, los minerales no han mostrado una tendencia definida, manteniéndose en promedio estables, mientras que los granos han mostrado tendencias alcistas con variaciones mucho más moderadas que la del petróleo.

En cuanto a las divisas, el índice del dólar versus las principales monedas pasó de menos de 98 a más de 100, reflejando un fortalecimiento del dólar que es habitual en contextos como el actual.

La tasa de interés de los bonos de EEUU a 10 años no ha parado de subir, desde menos de 4% a casi 4,3% en estas dos semanas, incorporando mayores expectativas de inflación. Para la Reserva Federal se profundiza el dilema entre bajar la tasa por el impacto negativo en la actividad y el empleo o subirla por la incidencia en la inflación.

Consistentemente, también cayeron los precios de las acciones ante un escenario que se ha visto deteriorado en la quincena referida.

En el caso de nuestro país, el dólar subió 2,2 pesos (casi 6%), pero sólo la mitad se debió al fenómeno global (es decir, acompañó el fortalecimiento del dólar vis a vis una canasta relevante de monedas) y la otra mitad se originó en la flexibilización de la política monetaria local.

Y en cuanto a los combustibles, la regla de ajustes vigente desde julio pasado establece ajustes bimensuales (el próximo el 1° de mayo) con un tope de 7%.

El tiempo dirá, como expresó el ministro Oddone, cuál será la extensión de la guerra y cuáles serán los efectos que se irán desarrollando. Y las medidas a adoptar.

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Es lógico que, con la alternancia en el gobierno de los dos bloques en que se divide nuestro sistema político, los sucesores introduzcan ajustes y modificaciones en medidas y políticas que promovieron los antecesores.

El ruido que suelen generar esos cambios por parte de ambos bandos, por lo general excede la magnitud de las modificaciones en cuestión, porque en realidad no hay grandes diferencias entre unos y otros, más allá de los énfasis propios de sus respectivas filosofías.

Además, el liderazgo de la agenda que parece tener el MEF, también parece recibir el mayor respaldo desde la Torre Ejecutiva. Lo que da para estar tranquilos.

Sin embargo, con el correr del primer año de este gobierno, se ha dado una situación inusual: desde filas del gobierno o cercanas o afines a él, se han venido planteando propuestas que no calzan con aquellas grandes líneas.

El ex legislador Ope Pasquet hizo una lista, el 19 de febrero en la red social X, enumerando esas iniciativas. Una, la más notoria, el impuesto del 1% sobre el patrimonio del 1% más rico, ridícula por considerar rico a quien tiene un millón de devaluados dólares y absurda por resultar confiscatoria, dados los rendimientos del capital. Esta propuesta fue relativizada por el presidente del FA quien afirmó que se debatirá, pero no se aplicará en este período de gobierno. Dos, la reducción de la jornada laboral, presumiblemente manteniendo el ingreso (lo que implicaría un considerable aumento real del salario que se trasladaría en el enero siguiente a las jubilaciones) y sin tener en cuenta al valor de la productividad marginal del trabajo. Tres, la pretendida ratificación, impulsada por el MTSS y que no requiere la firma del MEF, del convenio 158 de la OIT (que provenga de ésta, no es garantía de calidad) por el cual ante un despido se requiere causa justa y preaviso, además de ser recurrible. Cuatro, la jubilación a los 55 años en la construcción.

Pero sólo tres días después apareció la frutilla de la torta. El 22 de febrero, en entrevista publicada en El Observador, el coordinador del Diálogo Social (DS) y funcionario de la OPP, economista Hugo Bai, que dejó en claro que hablaba en representación del gobierno, desgranó los contenidos del DS.

Allí explicó detalladamente en qué consisten los cuatro bloques temáticos que forman parte de él: la protección a la infancia, el sistema de cuidados, la protección a los activos y el régimen de jubilaciones y pensiones.

Debo dejar constancia de mi coincidencia con algunos de los objetivos perseguidos por el DS. Por ejemplo, destaco la necesidad de que nuestra matriz de protección social incluya a los compatriotas que trabajan en la informalidad, pues dicha matriz es buena para los que estamos “en blanco” pero no llega debidamente a los que no lo están. También concuerdo en la conveniencia de que se centralice y focalice lo mejor posible el gasto social.

Lo peligroso del DS va por otro lado. Primero, se menciona que las propuestas resulten “lo más vinculantes (que sea) posible”, o sea, que generen la obligación de aplicarlas. Segundo, varias propuestas requieren financiamiento y éste hoy no está. En el ámbito de las transferencias, se propone crear un seguro de cuidados para adultos mayores y un nuevo tributo como el IRPF para financiarlo. Pero en otros casos no se explicitan fuentes de financiamiento, sino que se expresa que en futuras rendiciones de cuentas “pueden aparecer recursos” (previsiblemente más impuestos).

Pero lo peor del caso consiste en que, una vez puesto al moño al paquete, ¿cómo se lo frena? Habrá salido del gobierno, será lo más vinculante posible…

También son problemáticas algunas de las propuestas concretas. Veamos dos ejemplos. Uno, se propone volver a bajar a los 60 años la edad de retiro, y operar con las tasas de remplazo los incentivos para permanecer en actividad hasta los 65, teniendo en cuenta las desigualdades en la historia laboral. En declaraciones realizadas sólo tres días después de la entrevista, el coordinador del DS sostuvo que el retiro más temprano que a los 65 años debe ser la excepción y no la regla. ¿En qué quedamos? Dos, sacar de las AFAP las cuentas de ahorro previsional y que ellas sólo se ocupen de invertir y rentabilizar los ahorros. Aparentemente se trata de abaratar el costo del sistema. ¿No será mejor ampliar el menú de instrumentos en los que las AFAP puedan invertir de modo de “rentabilizar los ahorros”, como ellas mismas han planteado?

Desconozco si el MEF ha estado al tanto del proceso del DS y si es consciente de lo que se le viene. Porque me queda la impresión de que se trata de una suerte de “agenda paralela” a la suya. Y, lo más importante: veamos las consecuencias de una agenda como la referida.

Primero, en el corto plazo. Todos conocemos la coyuntura: el déficit fiscal está arriba de lo previsto, los ingresos crecen más despacio (por el menor crecimiento económico y la menor inflación) y los gastos son rígidos a la baja; el empleo, sin estacionalidad, baja desde el máximo de julio pasado y se acumulan casos notorios de paradas de producción y envíos al seguro de paro o despidos; el país está muy caro por razones micro y macro y no parece que ello vaya a cambiar en el futuro previsible. Con ese telón de fondo, lo único que no se necesita es echar más leña al fuego de la rigidez laboral y del desequilibrio fiscal o más impuestos.

Segundo, en el mediano y largo plazos. El menú planteado en esta suerte de agenda paralela o alternativa le pega de lleno a nuestro problema principal, que es la escasa tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Además, vuelve a cargar la hoja del “Debe”, dejando, cada vez más sola en la del “Haber”, a la institucionalidad de la que tanto nos preciamos y que tantas satisfacciones nos da. ¿Seguirá alcanzando con esto?

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Lo fue debido a su reciente incorporación al equipo de asesores del Ministerio de Hacienda de Argentina.

Y, en ese contexto, se difundieron expresiones y conceptos vertidos en una entrevista realizada en ocasión de su participación en la 60ª Conferencia Anual de FIEL el pasado noviembre en Buenos Aires, donde fue el orador principal.

En esa Conferencia, Talvi expuso sobre el plan de estabilización uruguayo de los 90 y destacó un concepto totalmente cierto: bajar la inflación de tres a dos dígitos es relativamente sencillo, pero bajarla de dos a uno es bastante más complicado. El caso uruguayo de aquellos años es un perfecto ejemplo de ello. El caso actual de Argentina apunta a confirmarlo.

En nuestro país, pasar del máximo de 134% de enero de 1991 a dos dígitos llevó ocho meses (92% en septiembre de ese mismo año) y alcanzar a un dígito insumió siete años y un mes (9,9% en octubre de 1998).

Más allá de que ese concepto (reitero, cierto), se da de bruces con el voluntarismo del presidente Javier Milei, que viene prometiendo una inflación cero desde antes de asumir (ahora la promesa se devaluó a empezar con cero la inflación mensual en algún momento de este año), lo que más quiero destacar es un pasaje de sus declaraciones en aquella entrevista.

En concreto, cuando Talvi se refiere a su evolución en materia de ideas y políticas públicas desde aquel Chicago Boy liberal de los 90 al candidato presidencial auto definido como “liberal progresista” que compitió por los votos social demócratas de Danilo Astori en 2019, y que consiguió los suficientes como para contribuir significativamente al triunfo de lo que luego se llamó la Coalición Republicana.

Básicamente, Talvi aludió a su “ingenuidad” de entonces: “éramos ingenuos al pensar que, desregulando, bajando la inflación, reduciendo el déficit fiscal, liberalizando determinados mecanismos como la distribución del crédito, íbamos a lograr la prosperidad”. Notoriamente, el transcurso del tiempo, la maduración y la experiencia de vivir y desempeñarse en la profesión, dieron lugar a un saludable cambio en sus ideas.

Digo saludable, porque también yo viví, felizmente, un proceso similar. Yo compartí con Talvi esa ingenuidad cuando trabajamos juntos en los comienzos de los noventa.

Y para ilustrar al respecto, nada mejor que contar una anécdota que guardo entre mis mejores recuerdos.

Era marzo de 1990, se iniciaba el gobierno del presidente Lacalle Herrera y debimos realizar un ajuste fiscal contundente, del orden de ocho a diez puntos del PIB. El día 12 de ese mes comparecí a la Comisión de Hacienda del Senado, como asesor del ministro, a exponer los términos de ese ajuste fiscal. También debutaba en el Parlamento Danilo Astori, que, por la naturaleza del tema a ser tratado, llevaría la voz cantante de la oposición frentista.

Aquel día, tanto él como yo exhibimos posturas extremas, cargadas de ideología y el choque resultó inevitable.

Seis años más tarde, fuimos convocados por la periodista Sonia Breccia a su programa en el Canal 5 a compartir una entrevista conjunta. Ninguno de los dos era ya el mismo de 1990. El ejercicio del gobierno, uno desde la gestión y otro desde la oposición, había limado las aristas más punzantes de ambos y se dio una convergencia natural, sin fórceps, hacia posiciones más cercanas, que ambos explícitamente valoramos sobre el final de la entrevista.

Desde mi punto de vista, seguían siendo muy importantes cosas como las referidas por Talvi, pero entendí que con eso no era suficiente e incorporé la consideración de la dimensión social que estaba relegada en mi agenda.

Desde el punto de vista de Astori, él seguía sosteniendo su propósito social, pero ya no hablaba de cosas tales como repudiar la deuda y proclamar “No al FMI”. Lo que quedó ratificado cuando se rodeó de varios de los mejores economistas de izquierda en sus pasajes por el Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo y profundizando las políticas económicas que otrora denostaba.

No sé cómo le irá a Talvi en Buenos Aires, de hecho, no depende de él, pero creo que no le viene nada mal al equipo económico de Milei (y también al presidente) incorporar un experimentado macroeconomista, pragmático y con sentido social.

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Uno, que la mejoría que debemos tener en materia de competitividad debe hacerse dejando de lado el tema dólar y recorriendo otros caminos.

Dos, que, ya que la inflación bajó más de lo previsto, debemos aprovechar a ir, ya mismo, más lejos de lo programado.

Los problemas de competitividad que tenemos tienen origen diverso, pero se podrían resumir en los siguientes.

Desde el lado macro, la inconsistencia que cubre varios gobiernos, entre las políticas económicas, que ha generado como daño colateral un atraso cambiario extraordinario. Tenemos desde hace añares políticas fiscales expansivas, con déficits insostenibles, conviviendo con políticas monetarias contractivas. Y, hasta hace poco, indexación salarial en base a la inflación pasada más un aumento real desvinculado del valor de la productividad marginal del trabajo. En materia fiscal, un sector público que no conoce de dietas y, al contrario, engorda con nuevas agencias en cada gobierno, lo que deriva en altos impuestos.

Dos, desde el lado micro, en los mercados de bienes y servicios: una regulación laboral obsoleta, una escala pequeña de nuestra economía que facilita posiciones dominantes, “vacas atadas” por lo anterior y por malas regulaciones, que dan lugar a impuestos y subsidios implícitos en regulaciones y en precios de servicios públicos.

Ambas situaciones dan lugar a un país caro, como el consenso parece haber asumido. Pero no se asume que no se puede compensar con medidas en uno de esos dos frentes, los problemas que causa el otro.

Así como no sería correcto pretender que una devaluación compensara el no querer enfrentar los otros problemas (eso se intentó hacer y fracasó en el siglo pasado) tampoco se puede pretender que el dólar caiga hasta cualquier subsuelo y eso se pueda compensar con medidas microeconómicas. Máxime cuando es obvio que éstas, aún si se adoptaran hoy, generarían efectos recién pasado mañana. Las acciones emprendidas por el equipo económico a finales de enero muestran que este punto de vista se comparte, al menos en una situación extrema como la actual.

Pero parece que esta moda (que lo es) vino para quedarse e incluso es asumida por el equipo económico que dice que siempre seremos un país caro (Oddone) y que está bien que así sea y que cuanto más caro mejor (Tolosa).

Eso sólo se puede evitar si se está dispuesto a ir a un superávit primario de por lo menos un punto del PIB que permita al Gobierno Central comprar genuinamente los dólares que necesita para pagar sus cuentas en moneda extranjera. Pero eso implicaría hacer un ajuste fiscal de verdad, lo que no es apto para los políticos de estos días, que llaman ajuste fiscal a medidas con impacto insignificante.

Vayamos ahora al segundo tema. Es raro. Acá se admite que la FED tenga dos objetivos (estabilidad y crecimiento) pero no que lo tenga nuestro BCU (que sí lo tiene en su carta orgánica, dicho sea de paso). Acá también se admite que si la tasa de inflación en EEUU baja de la meta de 2% se aplique una política expansiva, pero en el caso de nuestro país, si la inflación baja de la meta de 4,5%, “ya que estamos, aprovechemos a ir más lejos de una vez”.

Sólo un fundamentalismo al que sólo le importe un único objetivo a cualquier precio puede dar lugar a semejantes posiciones. En este caso el equipo económico tiene las cosas claras y ha decidido actuar ante la convicción de que la inflación se les hunde.

Menos inflación de la programada implica más déficit fiscal por la diferente memoria de ingresos y egresos fiscales. Por ejemplo, la recaudación del IVA tiene una memoria de un mes, y acompaña en su desaceleración al índice de precios. Mientras tanto, las jubilaciones suben en enero según el aumento de los salarios en el año anterior y quedan fijas para todo el año.

Por otro lado, menos inflación implica más salario real. Y, dado el crecimiento de la economía, como éste es acompañado por el de la masa salarial, más salario implica menos empleo. Más aún si la economía crece menos de los programado. Esto no es sólo teoría, lo vivimos entre 2015 y 2019 y costó la pérdida de más de 50 mil ocupados.

Ha sido una buena noticia la reacción del equipo económico, tanto en el BCU como en el MEF, ante esta situación. Hasta ahora (mando al diario esta columna en la mañana del lunes 16) se redujo la tasa de política monetaria (TPM) en 1%, el BCU anunció que está pronto para intervenir en el mercado comprando dólares y el MEF dijo que decidió adelantar compras de dólares para sus erogaciones en moneda extranjera y que invitó a hacer lo mismo a las empresas estatales. En sólo tres semanas, algo ha sucedido: el dólar ganó 1,90 pesos vis a vis una canasta de monedas relevantes. Algo es algo.

Que se sepa, sólo operó hasta el momento la rebaja de la TPM, además de que el BCU fue un poco más lejos con las tasas de corte de las LRM, señalizando una nueva reducción importante de la TPM para la próxima reunión del COPOM, prevista para el día 3 de marzo. En la semana del 9 de febrero, la tasa de corte promedio para los cuatro plazos de las licitaciones de LRM fue 5,97%, 1,13 puntos menos que en la semana antes del último COPOM.

Coincido con Julio de Brun en cuanto a que la TPM tiene poca relevancia y que es en el campo de las LRM donde se debe jugar el partido. En ese sentido, el BCU debería seguir bajando sus tasas de corte todo lo que sea necesario. Y si en algún momento se cayera la demanda por ellas, tiene los mecanismos para amortizarlas, como muy bien hizo más de una vez en el pasado, en particular en el último cuatrimestre de 2008, en medio de una fuerte crisis financiera global.

Pero algo debe quedar claro: sin un dólar arriba de 40 pesos, la inflación no volverá al 4,5%. Para ello se deben utilizar todos los instrumentos anunciados a finales de enero y se debe ir a más con la rebaja de las tasas de las LRM. De paso, contribuiría a mejorar la situación patrimonial del BCU, que viene en caída desde hace más de un año.

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El BCU tardó en reaccionar ante el cambio de escenario y mantuvo una política monetaria contractiva a lo largo del año pasado y ahora no tiene otra alternativa que hacer todo junto lo que no empezó a hacer antes.

En vísperas del COPOM anterior la TPM era 7,5% y en la semana anterior la media de tasas de las LRM fue de 7,06%, casi medio punto por debajo de aquella. Como se sabe, entonces se decidió rebajar la TPM a 6,5%.

Ahora, en vísperas del COPOM del 3 de marzo, la TPM está en 6,5% y en la semana previa la media de las tasas de las Letras fue de 5,65%, casi un punto por debajo de ella.

Es evidente que con las Letras el BCU fue más allá de lo que cabía esperar, desde entonces a hoy, y señalizó de ese modo lo que se puede venir con la TPM el próximo martes. En ese contexto no debería sorprender una nueva rebaja de un punto porcentual, para ubicar la TPM en 5,5%.

Así como una política monetaria contractiva incide hacia abajo en el tipo de cambio, ya que éste que es el principal canal de trasmisión que tiene aquí y ahora, una política monetaria expansiva también habrá de incidir en el tipo de cambio, pero hacia arriba. De hecho, en las cinco semanas transcurridas entre los dos COPOM, el dólar en nuestro país ganó UY$ 1,20 vis a vis una canasta relevante de 12 monedas. En las tres primeras había ganado UY$ 1,90 pero en las dos últimas perdió más de un tercio de esa recuperación.

La inflación debe volver al 4,5% por razones de empleo y fiscales. Para ello el dólar debe estar entre 40 y 41 pesos. Cuanto antes ello ocurra, mejor. El BCU puede seguir abatiendo las tasas de las LRM y, junto con el MEF, empezar a utilizar otros de los instrumentos de la batería anunciada en la semana del 26 de enero.

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Excluyo de los temas a tratar el referido a la inflación y el precio del dólar, que se robó las marquesinas, pero que ya he tratado aquí antes de ahora, sin ir más lejos en mi columna anterior y, con mayor extensión, en la del lunes 15 de diciembre (“¿Atraso cambiario? Sí, y con todas las letras”).

Primero, las patentes. De la simple lectura de los aforos sobre los que se calculan las patentes, surge que nuestros autos están sobre valorados y que el SUCIVE o quien sea, debería estar dispuesto a comprárnoslos al precio por el cual nos las cobran.

Lo cierto es que la empresa que calcula los valores de los autos lo hace en términos de dólares, siguiendo los usos y costumbres de los uruguayos con cabezas dolarizadas. Y estima precios de mercado en el mes de julio considerando los valores del primer semestre.

Me parece que el problema viene después y es del SUCIVE, que lleva a pesos aquellos dólares con un tipo de cambio ajeno a la realidad del momento del pago de la patente, en enero, calculado como un promedio de meses pasados. En esta oportunidad, ese promedio, del orden de los 42 pesos, resultó considerablemente mayor al de enero (menos de 39 pesos) y cuando el dueño del auto llevó a dólares el valor en pesos del aforo, le dio una cifra del orden de 10% mayor a la del precio venal de su automóvil.

Viene al caso señalar que en el año anterior sucedió exactamente lo contrario. Y que, para evitar estas cosas, sería conveniente que el SUCIVE use el tipo de cambio más próximo que sea posible a la fecha de difusión de los aforos.

Segundo, el FONASA. El MEF hizo bien en corregir el valor de la Cuota Promedio Equivalente (CPE), que venía arrastrando una subestimación en su valor desde hace algunos años. Lo hizo sin cambiar la esencia del régimen, de modo de evitar que esos aportes sean una especie de segundo IRPF. Es decir, se mantiene el tope con devolución a quienes pagaron en exceso. Pero ahora serán menos los que recibirán esa devolución y quienes la sigan recibiendo recibirán cifras menores. La corrección implica que ahora se considera la edad de cada cohorte cubierta por el seguro y la expectativa de sobrevida de cada una.

Tercero, la fijación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que, entre otros propósitos, es utilizada para determinar el mínimo imponible y las franjas del IRPF. El gobierno está facultado por ley a ajustarla anualmente ya sea por el IPC, ya sea por el IMS. Lo hizo por el IPC (3,65% en 2025) más un 20% extra a lo que también lo faculta la ley. Eso arrojó una variación inferior a la del IMS, por lo que, en este año, habrá más contribuyentes de ese impuesto y los que ya lo eran, pagarán un poco más. Debo decir que ese 20% adicional me pareció inapropiado. Debió usarse el IPC y listo. En la lógica del IRPF, si el ingreso (renta) sube (en términos reales), se debe pagar más. Debería derogarse la posibilidad de usar el IMS y también el referido margen del 20% relativo al IPC.

Los dos temas anteriores tienen, además, un denominador común: el coro de lamentos e improperios emitidos desde la oposición sobre “el terrible ajuste fiscal encubierto que se le impuso a las clases medias”. Se me ocurren al menos dos consideraciones.

Una, llamar ajuste fiscal a eso es devaluar el concepto de ajuste fiscal. Tal como se hizo desde el actual partido de gobierno al inicio del período anterior, con la reducción de los descuentos de IVA sobre instrumentos electrónicos de pago.

Y dos, estas disposiciones no pegan en la mitad de la tabla sino bastante más arriba. No es que por eso esté mejor o peor, pero son los hechos, los datos de la realidad. El rembolso del FONASA pagado en exceso lo percibían 155 mil personas (activos y pasivos), uno de cada 10 contribuyentes, y el IRPF lo pagan tres de cada 10 trabajadores. Está claro que somos un país de ingreso bajos (en pesos, en poder de compra, no tanto en dólares) pero de ahí a considerar que el grueso de la población trabajadora y de la clase media recibió un mazazo (o dos) hay un gran trecho.

Cuarto, no podía faltar ANCAP y el precio de los combustibles. Un centro de estudios partidario estimó que, entre marzo y diciembre del año pasado, los consumidores pagamos un sobreprecio de US$ 88 millones al consumir combustibles (nafta super y gasoil). Pero el mismo informe, unos renglones después, expresó que, en el caso del super gas, que se rige por las mismas reglas de fijación de precios (siguiendo a los PPI), hubo un precio inferior al debido en US$ 44 millones. Obviamente, el terrible ajuste fiscal sobre la población volvió a aparecer en este tema. Desde hace años sigo, mes a mes, los números de ANCAP desde el punto de vista fiscal, es decir su contribución al resultado que cada mes publica el MEF (resultado más dividendos menos variación de stocks). En aquellos 10 meses del año pasado esa contribución fue US$ 46 millones, por lo tanto, coincidente con las cifras anteriores, y con un impacto fiscal insignificante (0,05% del PIB).

Quinto, ya que estamos con la energía, aunque con menos repercusión que en años anteriores, en diciembre asistimos a una nueva función del “UTE premia”. El impacto que tuvo en el IPC fue considerablemente menor que otrora, ya que el INE estimó en 5% la caída del precio medio de la electricidad debido a ese factor. En los primeros años, esa variación fue del orden de 20% por lo que ya casi que no incide. Lo que es bueno, porque este esperpento, surgido en un diciembre en el que se quería que la inflación no cerrara el año demasiado arriba, llegó a agravar la estacionalidad del IPC (y a incidir en decisiones de inversión de corto plazo) que ya es clara en cada enero por la acumulación de ajustes anuales en diversos precios. Vale recordar que en cada diciembre esto da lugar a una incidencia negativa en el IPC que se revierte en cada enero siguiente.

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Primero, el contexto externo. En un mundo sin las reglas políticas tradicionales rigiendo, la economía global sí las mantiene y se espera para ella un crecimiento económico estable, tasas de interés con nuevos escalones descendentes, la inflación que continúe apaciguándose y el dólar que se mantenga débil con materias primas cuyos precios no presenten cambios dramáticos. Según el WEO del FMI, emitido la semana pasada, en cuanto al crecimiento económico se espera que “la inversión en tecnología, el apoyo monetario y fiscal, las condiciones financieras favorables y la adaptabilidad del sector privado contrarresten los cambios en las políticas comerciales”, destacando que “los principales riesgos son un reajuste de las expectativas sobre tecnología y una escalada de las tensiones geopolíticas”.

En cuanto a nuestros vecinos, Brasil seguirá barato y con poco crecimiento. Como es normal, no nos cinchará ni nos causará alarmas. Y Argentina volverá a crecer tras un año planchada (casi todo el crecimiento de 2025 fue arrastre estadístico desde 2024) y se espera que no presente cambios relevantes en sus precios en términos de dólares. Pero ya se sabe que desde allí pueden venir novedades de todo tipo, como fue notorio en un 2025 donde EEUU debió acudir en auxilio ante el estrepitoso fracaso del plan económico.

Segundo, el contexto político local. Donde el gobierno no cuenta con mayoría en Diputados pero se las ingenió para obtener una aprobación contundente del Presupuesto. Más allá de los habituales rifirrafes entre ambos bloques, no debería haber problemas para transitar una avenida sin grandes iniciativas desde el oficialismo que, en definitiva, no se diferencia demasiado de la oposición. Aunque, se sabe, no siempre los políticos conceden desde la oposición lo que plantean desde el gobierno.

Tercero, el punto de partida, cómo terminó 2025. Lo más notorio, la inflación incumplió la meta, desde abajo. Digo incumplió porque de eso se trata: la meta es de 4,5% y se está en 3,7% y bajando. Es tan problemático errarle para un lado como para el otro y declaraciones de jerarcas lo han dejado bien claro. Otra vez el daño colateral estuvo en el tipo de cambio real, que en el caso extra regional perdió 9% en el año y cerró 28% por debajo del promedio del siglo.

Esto tiene impacto fiscal y en el mercado de trabajo. El fiscal, por la diferente memoria de las reglas de indexación de ingresos y egresos, es negativo para las cuentas públicas. En el mercado de trabajo, dado el crecimiento de la economía, que suele aparearse con el de la masa salarial, un mayor aumento del salario real lo termina pagando el empleo, como sucedió en el último gobierno del FA.

Por lo que aquel desvío debería enmendarse a la brevedad con una bajada más rápida de la tasa de política monetaria y con intervenciones en el mercado de cambios por parte del BCU de modo que la preocupación manifiesta se traduzca en hechos y no quede en palabras.

Los bancos centrales suelen tener un mandato doble, lo que es clarísimo en el caso de la FED: estabilidad y crecimiento. Acá parece que al nuestro sólo le ocupa el primero. Y como suele ocurrir tarde o temprano, el segundo empieza a reclamar atención. La actividad económica está planchada desde enero y el número de ocupados, desestacionalizado, cae desde junio.

Cuarto: el gobierno se presenta jugado al crecimiento de la economía para obtener los recursos genuinos que permitan apuntalar sus políticas públicas (fiscal y sociales). Las expectativas (hasta 2028) apuntan a un crecimiento medio punto porcentual por debajo del previsto en el Presupuesto. No es dramático, pero no resulta cómodo, no sobra nada (por ejemplo, para “financiar” una inflación más baja).

Quinto, para ello el equipo económico busca impulsar las expectativas.

Lo bueno: da la impresión de que el MEF lidera la agenda y que tiene el respaldo de la cúpula del gobierno.

Lo malo: desde el MTSS se introduce ruido, con frecuencia y en abundancia. ¿Será que se arrepintieron de “comprar” las pautas salariales del MEF con desindexación incluida?

Lo que ilusiona: las novedades en materia de inserción internacional. En noviembre Uruguay fue aceptado para sumarse al CPTPP (Tratado Transpacífico) y ahora, en enero, el Mercosur y la Unión Europea firmaron su acuerdo. Muy buenas noticias, pero con impacto en el mediano y en el largo plazos.

Lo cierto: el MEF ajustó al régimen de promoción de inversiones, como suelen hacer los gobiernos en las primeras etapas de sus gestiones, de modo de adecuar el instrumento a sus objetivos. Eso, más los cambios que se dieron en la institucionalidad respectiva, son una buena base para esperar mayores inversiones.

Lo que se viene: las reformas pro competencia. Algo ya se vio en el año pasado, como muestra de las intenciones de las autoridades. Pero se trata de decisiones que requieren trabajo y era muy pronto para sacar mucho más que eso. Además, se trata de decisiones que suelen afectar intereses creados que existen desde tiempo inmemorial, por lo que cada decisión es una batalla. Un ejemplo: lo referido a los despachantes de aduana. Es el problema de tener regulaciones con pocos beneficiarios concretos y muchos afectados dispersos. Cabe esperar que el gobierno presente este conjunto de reformas a más tardar en oportunidad de la Rendición de Cuentas.

Lo incierto: hasta ahora, parece claro que en el gobierno prevalece la línea del MEF. Es decir, no apartarse del rumbo habitual del país, más allá del gobierno de turno, lo que da certezas y permite que no se ande a los tumbos. Pero resulta obvio que esa no es la posición unánime en el FA. Lo referido al MTSS es un ejemplo de ello. Otro, es la propuesta del “impuesto a los ricos” con mucho eco en la izquierda y que estará sobre la mesa en este año. También las ideas trasnochadas de algunos sobre la seguridad social.

En ese contexto, resulta clave el impulso del MEF para que siga habiendo buenas noticias en la economía, que permitan mostrar medidas y resultados en lo social, que es central al programa del FA. Si las cosas van bien, el rumbo no corre riesgos. De lo contrario, se verá fortalecida la visión alternativa.

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Una, bastante frecuente, consiste en confundir el nivel general de precios con su variación. Es decir, cuánto cuesta vivir (o “qué caro está todo”) con lo que aumentan los precios. Uruguay es hoy muy caro (en pesos y, mucho más, en dólares) pero los precios suben relativamente poco. Relativamente a lo que ha sido nuestra historia reciente, con la inflación en el eje del 8% y, todavía más, con lo que fueron las cuatro décadas de inflación crónica en la segunda mitad del siglo pasado.

Pero aún si nos quedamos con la inflación, es común escuchar que el 4% no es creíble, porque “en el almacén o en el supermercado las cosas suben mucho más”. Es posible que la persona que piensa de ese modo, tenga in mente una canasta reducida y no la de los cientos de ítems que conforman la del IPC. En ésta, hay precios que suben más que el promedio y otros que suben menos e incluso algunos que bajan (por ejemplo, en 2025, algunos bienes y servicios con sus precios “atados” al dólar).

Si vemos cuánto cambiaron los precios entre octubre de 2022 (cuando se inició la serie actual del IPC) y noviembre de 2025, nos encontramos con que el promedio de los precios subió 14,4%, que el precio que más subió fue el de las mandarinas (+114,8%) y el que más bajó fue el gas por cañería (-39,5%).

Algo parecido sucede con el desempleo, que se ubica desde hace algunos meses en torno a 7%. Es el 7% de la población económicamente activa (población en edad de trabajar -14 y más años- excluidos jubilados, estudiantes, rentistas, quienes sólo atienden las tareas de su hogar, entre otros) lo que arroja unos 140 mil compatriotas. Pero también hay otros 170 mil que están subempleados y, entre los plenamente ocupados, hay una cifra considerable de trabajadores sin registro o “en negro”. Entre esas tres categorías, hay más de medio millón de uruguayos con “problemas de empleo”. Seguramente la percepción de quienes descreen del bajo desempleo tenga en cuenta la situación de subempleados y trabajadores sin registro.

Y, ya que estamos en verano, hablemos de percepciones acerca de las temporadas turísticas. “A simple vista” la percepción se forma con la cantidad de personas que circulan por las zonas turísticas. Pero no es el número de visitantes el indicador correcto para evaluarlas, ya que puede cambiar (y cambia) la estadía o cantidad de días en los que el turista permanece en el país. Y, todavía más, también cambia el gasto diario de cada turista en promedio. Por lo tanto, no alcanza con ver si hay mucha gente o no, sino en saber cuánto gastaron todos ellos, que es la acumulación de los tres efectos: cuántos vinieron, cuántos días se quedaron y cuánto gastaron por día.

Más aún, con un dólar cuyo valor relativo (su poder de compra) ha venido cayendo a lo largo de los años, tampoco dicen mucho las comparaciones entre temporadas distantes entre sí, del gasto de los turistas expresado en dólares, sino que es preferible llevarlo a pesos uruguayos constantes. En esta temporada veremos muchos turistas no residentes en el país, pero ella será parecida a la pasada y distará considerablemente de las mejores temporadas, las de 2017 y 2018.

Otro tema que está en el tapete, a raíz del impuesto “a los ricos” que algunos promueven, es la percepción acerca de qué es ser rico aquí y ahora. Lo curioso es que pasan las décadas y se sigue con la vara fijada en el millón de dólares. Y, sin ir más lejos, con un millón de dólares de hace exactamente 20 años (cuando ya era discutible que un “millonario” fuera rico), hoy sólo se puede comprar el 39% de lo que se podía comprar entonces. Aquel millón, devino hoy en sólo 389 mil dólares en términos de poder de compra. Uno de los problemas de percepción de la realidad que padecemos por tener nuestras cabezas dolarizadas surge de comparar cifras distantes en el tiempo, expresadas en dólares. Ya sea de turismo, como vimos recién, de presupuesto de la enseñanza pública o de valores de los inmuebles.

Volviendo al impuesto a los ricos, no sólo se “corta grueso” con esa cifra absurda, sino que se desconoce la composición del patrimonio del eventual contribuyente, muchas veces en alta proporción integrado por inmuebles destinados a la vivienda familiar, a la producción o al alquiler, a los que aplicar una tasa anual de 1% resultaría confiscatorio. Por argumentos como estos, en el mundo se grava cada vez más a la renta y menos al patrimonio, como bien hizo Danilo Astori con su reforma de 2007.

Dicho sea de paso, esperemos que semejante disparate no prospere. Imagino que algo así, pero bien formulado, sólo podría ser aplicable en el caso de que tenga carácter universal. De lo contrario, daría lugar a una fuga de capitales desde nuestro país hacia jurisdicciones donde no rija, con la consiguiente pauperización de nuestro país. Y no precisamente de los “ricos”.

Y, hablando de inmuebles, es frecuente escuchar a quienes dicen que con determinada inversión inmobiliaria multiplicaron por tres o cuatro, en dólares, en determinado período, el capital invertido. Si esas personas calcularan, para el mismo período, la evolución en dólares del costo de su seguro médico o de la matrícula del colegio, el liceo o la universidad de sus hijos, podrían encontrarse con múltiplos de portes parecidos. Lo mismo que con su salario. En fin, con muchos de los no transables.

Ocurre que la economía se encareció considerablemente en términos de dólares en los últimos 20 años, por lo que una idea más razonable de su retorno ha de surgir de la comparación de los precios de compra y venta de su inmueble, expresados en Unidades Indexadas (UI) o sea a precios constantes, en términos reales, o en poder de compra de su capital. Se trata de otro ejemplo de la incidencia de la dolarización de nuestras cabezas a la hora de entender la realidad.

Y los ejemplos aquí referidos constituyen más evidencia sobre la necesidad de incluir la educación económica y financiera en la currícula liceal.

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Expresión que está en línea con el relato oficial argento, con una frondosa inflación de logros y bastante de contabilidad creativa.

Cuando se ve que en los últimos 12 meses la inflación argentina estuvo arriba del 30% y que en el último trimestre se aceleró, aquella expresión luce más equivocada que exagerada.

En noviembre, en la Conferencia Anual de FIEL, en Buenos Aires, Ernesto Talvi hizo bien en recordar cuánto cuesta bajar la inflación de dos dígitos a uno, frente a lo relativamente sencillo que resulta bajarla de tres a dos.

Para ello puso como ejemplo, entre otros, al caso uruguayo de los 90, cuando terminamos con la inflación crónica, una “señora de cuatro décadas” y fuimos a un dígito.

En los 12 meses a enero de 1991 la inflación fue de 133,7%, el máximo relativo en decenas de años. Sólo ocho meses más tarde, en septiembre de 1991, se encontraba en 91,5%. Pero luego debieron transcurrir 85 meses (siete años y un mes) para que cayera del 10% y se ubicara en 9,9%.

En Argentina alcanzó su máximo relativo en abril de 2024 (289,4%) y nueve meses más tarde, en enero de 2025, se ubicó en los dos dígitos (84,5%).

Siguiendo los dichos del presidente argentino, si no están emitiendo dinero, es curioso que la inflación siga tan campante. Quizá no se trate sólo de “un fenómeno monetario” sino que también jueguen cosas tales como la inercia y la corrección de precios relativos.

Es claro que pasar de tres a dos dígitos pega bien en el bolsillo de la población. Nosotros lo sabemos. Pero eso no implica que la inflación esté derrotada ni mucho menos. Lo más difícil para lograrlo, está por venir.

Es muy probable que a ellos no les lleve los siete años y pico que nos llevó a nosotros, con un programa gradualista. Pero les llevará bastante más que el paso anterior.

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En marzo de 2013, el entonces presidente José Mujica expresó que “Oddone no se subió en su vida a un arado ni en pedo, pero bueno, es importante darle pelota”. Lo dijo ante proyecciones de deterioro fiscal que el economista había formulado desde su actividad de consultor.

En el período pasado, el presidente Luis Lacalle Pou criticó a los economistas (incluido el autor de esta columna) que antes de que se iniciara el período de gobierno, sostenían que sin un aumento de impuestos no mejorarían las cuentas públicas. El entonces presidente hizo ostentación de su crítica tiempo después, a mitad de período, cuando los números fiscales todavía daban bien. Festejó el resultado del partido cuando sólo había transcurrido el primer tiempo y se terminó yendo con una situación fiscal peor que la que heredó.

Ahora le tocó el turno al actual presidente, Yamandú Orsi, que en el cierre de su alocución en el evento de ADM del martes 9, destacó la necesidad de “darle la importancia que merece a la política. Que incluye a la economía y no al revés. Y para eso hay que entender el papel que nosotros los políticos tenemos. Cuál es nuestro papel. Cuál es el rol en esta hermosa tarea. Que va mucho más allá del papel de comentaristas de nuestras verdades reveladas. Y no nos permitan que nos transformemos en simples predicadores”. Dos días después el presidente volvió a la carga: “la economía no se maneja por los analistas, se maneja por el plato de comida que podés llevar a tu casa”, señaló.

Coincido con algunas de las cosas que sostiene el presidente. Efectivamente, la política incluye a la economía y no al revés. La política, y en Democracia, es la forma óptima de resolver nuestros problemas. Una super tecnocracia no lo haría mejor. Los políticos dialogan, negocian, buscan consensos o al menos, mayorías. Antes, deben palpar el sentir de la sociedad y después, explicar. En el caso de nuestro país lo hacen bien, de ahí el prestigio de nuestra institucionalidad, tanto en términos absolutos como, mucho más, en términos relativos en una realidad regional y global decadente en ese sentido.

Pero de ahí a denostar a los economistas porque analicen y comenten la realidad y prediquen ideas, propuestas y soluciones, hay un trecho enorme. Los economistas no tenemos “verdades reveladas” sino que proponemos ideas y políticas con fundamento en la teoría y en la práctica. No pretendemos dictar cátedra a los políticos porque son ellos los expertos en conseguir cosas, no nosotros. Pero sí podemos y debemos mostrar el camino de las ideas y las políticas que conducen a buenos destinos y los que no.

Por cierto, hay cuestiones discutibles, opinables, por lo general en el campo de los valores, del deber ser. Pero hay cuestiones básicas por fuera de toda duda entre economistas profesionales. Por decir tres obvias: una, no se puede tener siempre un déficit fiscal elevado como aquí tenemos desde 2014; dos, es preferible una inflación como las que tienen hoy Uruguay y Brasil (o una aún más baja) que una como la que tiene Argentina; y tres, el crecimiento económico debe “repartirse” entre empleo y salario, o sea cantidad y precio; si sólo se volcara a salarios, lo pagaría el empleo, como sucedió entre 2015 y 2019.

Pero la prueba del nueve está en el hecho de que los “analistas” tan denostados por algunos políticos, han sostenido los mismos conceptos antes, durante y después de pasar por la gestión pública. Además, los economistas más notorios que se desempeñaron en las principales posiciones en equipos económicos de los tres grandes partidos, comparten una misma visión sobre políticas económicas (y se desempeñaron de manera parecida). Felizmente, en nuestro país todos han sido médicos y ninguno curandero.

No se me ocurre mejor ejemplo que el caso de Gabriel Oddone, que fue burdamente criticado por el presidente Mujica porque a este no le gustaban sus dichos y que ahora es el ministro de Economía y Finanzas que eligió el sector político del mismo Mujica. Y que sostiene en el cargo, lo mismo que sostenía antes de soñar con asumirlo, en particular en las materias fiscal e impositiva.

En cuanto al “plato de comida que podés llevar a tu casa”, también allí mi coincidencia con el presidente es total. Ese es el objetivo último de las políticas públicas y creo que mis colegas también lo comparten. No se gobierna para las estadísticas. Pero las estadísticas sí reflejan cómo se gobierna. No es válida cualquier forma de pretender hacerlo.

Y, parafraseando al presidente, creo que “hay que entender el papel” que nosotros los economistas tenemos y “cuál es el rol en esta hermosa tarea”. Y paso a escribir en primera persona del singular.

Cuando desde estas columnas insisto en la frondosa y añeja agenda de pendientes, o me refiero a la lentitud en la velocidad de las reformas que son necesarias (inserción internacional, enseñanza pública, sector público, desregulación o mejor regulación de sectores no transables, desatar vacas atadas, etc.), o expreso que somos “el país del lucro cesante”, o que hay que dotar de consistencia a las políticas económicas, o que hay que ponerle un motor al velero que no se mueve si no recibe buen viento, estoy contribuyendo a la discusión pública de temas que permiten o no que la gente pueda llevar el plato de comida a su casa.

No es predicar para socavar al político ni enrostrarle sus carencias. Es insistir una y otra vez en que hay una forma mejor de hacer las cosas para bien de la gente.

Esa prédica no sólo está destinada a los políticos sino también a la población que vota y elige a sus representantes. Ella es la última responsable y no los políticos, que, en todo caso, la representan bien. Aunque no la lideran.

La población parece estar conforme con sus representantes porque una y otra vez eligen a los que muestran el mismo comportamiento: tocan la pelota para el costado en la mitad de la cancha, se bañan en agua tibia y hacen la apología de la penillanura suavemente ondulada.

A pesar de que una parte de la población no esté llevando suficiente comida a sus casas, en un país en el que uno de cada tres menores de edad, es pobre.

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El gobierno comunicó mal dos veces. Primero el presidente, por falta de precisión, y después el MEF, por exceso de precisión, en un hilo de tweets que sólo puede haber entendido un pequeño puñado de los tres millones cuatrocientos mil uruguayos. Desde la oposición se dijo cualquier cosa: que se requería ley, que era una confiscación, que subirían las cuotas mutuales, y más cosas por el estilo.

En cuanto a la ignorancia sobre el tema, como suele suceder con los más de tres millones de directores técnicos, ahora aparecieron más de tres millones de expertos en FONASA.

Y los malintencionados de siempre (en este caso de la Amsterdam como otras veces de la Colombes) se aprovecharon del río revuelto.

Finalmente, el lunes 29 el MEF puso las cosas en su lugar, al explicar la medida en profundidad y de manera mucho más entendible.

A continuación, algunos apuntes al respecto.

Uno, es un tema pendiente desde 2019.

Dos, se trata de un tema técnico y no fiscal, si bien arrimará recursos a la Tesorería que apenas disminuirán el cuantioso déficit del FONASA.

Tres, la brecha entre el valor vigente del CPE (costo promedio equivalente de las cápitas de la salud) y el que debería aplicarse, es considerable y requiere ser ajustado.

Cuatro, eso implica subir el tope anual de lo que se debe pagar al FONASA, lo que impactará en quienes reciben una devolución en septiembre del año siguiente, por lo que se les había sido cobrado en exceso. Ese impacto implicará que una parte de esos ciudadanos dejará de percibir la devolución y que el resto la verá menguada.

Quinto, esto regirá desde el 1° de enero de 2026 por lo que recién tendrá efecto en la devolución de excedentes de septiembre de 2027.

Sexto, sigue habiendo un tope, por lo que esta contribución no es un adicional al IRPF.

Séptimo, los afectados son los contribuyentes de mayores ingresos, que trabajan en relación de dependencia. Se anunció que una ley hará que no resulten afectados quienes trabajan de manera independiente.

En definitiva, lo que cambia es mucho menos que lo que el tsunami desatado pareció mostrar. Parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Una mención para la actitud del actual MEF, que se animó a ponerle el cascabel al gato, lo que sus dos antecesores no se animaron a hacer.

Y otra para la actual oposición. Este ajuste del CPE es consistente con el Sistema Nacional de Salud (SNS) que introdujo el FA en su primer gobierno, hace 20 años, y que la actual oposición no tocó cuando estuvo en el gobierno hasta hace menos de un año.

Quien fue subsecretario del MSP en el gobierno anterior, “criticó que se trata de una medida aislada y que habría que hacer una revisión más global del sistema” según El País, del martes 30. Una pena que no hayan hecho esa revisión más global cuando estuvieron a cargo del sistema.

Un SNS plagado de vacas atadas que pagan, como siempre, los ciudadanos sin lobby. Es por ahí que se debería buscar abaratar el costo del SNS.

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Más allá de que todos esos números son relevantes para realidades diversas, desde el punto de vista macro prefiero quedarme con el indicador extra regional, ya que refleja mejor que los regionales las consecuencias de nuestras propias políticas, sin contaminarse con los vaivenes de las de nuestros vecinos.

Dicho sea de paso, la variación en el TCR con fuera de la región ya incluye lo que haya ocurrido con el dólar a nivel global, se haya valorizado o depreciado.

Otro aspecto a comentar es el uso de promedios históricos como referencia. Es un instrumento muy utilizado en la profesión y se debe a que su uso es sencillo y objetivo. Claro, sería deseable contar con indicadores precisos de productividad para nuestro país y sus contrapartes, pero dudo que alguien pueda jurar que la nuestra haya mejorado más que la del resto del mundo en las últimas décadas.

Los números referidos muestran, más allá de toda duda, que Uruguay es carísimo. La evidencia anecdótica es contundente, de parte de quienes nos visitan, y nuestra, cuando viajamos. No es casual, en ese contexto, que solamos encabezar cualquier ranking regional de precios en dólares, se trate de lo que se trate: costo de vida, energía, vivienda, salarios, hamburguesas.

En particular, somos un país de sueldos muy altos en términos de dólares, para agregar valor, producir en el país, pero bajos en términos de poder adquisitivo. No en vano, sólo tres de cada diez trabajadores pagan un IRPF que tiene un mínimo imponible bajo.

Claro, como los malos jueces de fútbol, que apelan a un error para compensar otro, dado que somos tan caros, damos tratamiento VIP a las inversiones mediante costosas renuncias fiscales.

¿Cuáles han sido las señales del gobierno ante esta situación? El presidente del BCU ha expresado que es bueno que seamos caros porque ello indica que somos productivos y que, si somos más caros, mejor todavía. Invirtió la relación de causalidad. Error grosero. Los países muy productivos son muy caros, por ser productivos, pero no al revés. Uruguay es muy caro y no muy productivo. Por otro lado, el titular del MEF señaló, desde el primer día, que no sería por el lado de un mayor tipo de cambio que se mejoraría la competitividad y lo plasmó en el escenario quinquenal del Presupuesto con un TCR estable (pero, frente al cual, el TCR siguió cayendo). Las señales desde el gobierno muestran a la cancha flechada: estamos caros, eso es bueno y no lo vamos a cambiar. Dale tranquilo al carry. Y encima te meto miedo por si querés seguir depositando en dólares.

Lo anterior me lleva a lo más importante: pululan los que sostienen que el TCR bajo debe ser compensado con reformas estructurales, reducciones del costo país y medidas por el estilo. Pero esto es mezclar peras con ravioles. Se trata de situaciones de diferente naturaleza y diversos tiempos. Si cae el TCR te afecta ya mismo. Si hago reformas (que primero hay que hacerlas, dicho sea de paso) los beneficios estarán pasado mañana. La pérdida de competitividad de origen macro debe ser encarada desde la macro y no con la micro, que tiene otros propósitos y otros tiempos.

Es claro que, si la caída en el TCR es genuina, no hay más que hablar. Si es porque nuestra productividad comienza a volar sea por la razón que sea. A lo sumo compensar a los sectores afectados por una “enfermedad holandesa” (que acá y ahora no existen). Pero no es ese el caso.

El TCR ha bajado a niveles insoportables porque ha habido mala praxis en la política económica desde hace años. Políticas inconsistentes con un déficit fiscal promedio de más de 4% del PIB en los últimos 10 años y políticas monetarias cambiarias contractivas. Además, una política salarial que recién ahora está abandonando la indexación.

¿Qué cosa extraordinariamente positiva nos ha sucedido en 2025 -y que no nos hemos enterado- para sostener un desplome de 10% en un TCR que ya era muy bajo hace 12 meses? O en 2022, cuando al cierre el año anterior el TCR extra regional estaba en el promedio histórico y en ese año cayó 20%. ¿Cómo explicar un desplome de 24% en el TCR bilateral con China en ese año?

Lo que ocurrió, de nuevo, fue mala praxis. Bajar la inflación a cualquier costo. Incluso se llegó al absurdo, en el BCU, de amputarse el instrumento de intervenir en el mercado de cambios. Está bien que se pretenda bajar la inflación, pero no que se lo quiera hacer a cualquier costo, sin medir daños colaterales previsibles y evidentes.

Y hablemos de los daños colaterales. Porque estas malas políticas imponen ganadores y perdedores, no en la cancha sino en la Liga. Los ganadores son, entre otros, los importadores, los consumidores de bienes importados y los que viajan al exterior por turismo y compras. Entre los perdedores están los exportadores de bienes y servicios y las industrias locales que compiten con bienes importados.

Se trata de una situación equivalente a imponer un tributo a unos y otorgar un subsidio a otros. Por ejemplo, un productor agropecuario está siendo objeto, de manera implícita, de una “detracción” considerable sobre el precio de su producción. Una detracción de porte parecido al que algunos bienes tienen en Argentina. Pero, a diferencia de lo que sucede allende el Plata, el producido de esa detracción no va a la Tesorería, sino que fluye directamente hacia quienes fueron referidos como ganadores en el párrafo anterior.

Lamentablemente, esto no va a cambiar. Es una mala política de país, como tantas otras que tenemos. Y los que se lamentan por la situación son llorones y deben reclamar reformas. Que casi nunca se hacen y cuando sí, no dan para compensar los daños. Sigamos como la rana de la fábula, en la olla a fuego lento.

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¿Cómo era el país hace 20 años? ¿Qué pasó desde entonces? ¿Cómo es nuestro país hoy día? ¿Cuánto cambió su agenda de pendientes?

A finales de 2005 terminaba el primer año del primer gobierno del Frente Amplio y había quedado atrás la mayor crisis económica y financiera de nuestra historia, si bien salarios, empleo y jubilaciones distaban todavía de los máximos previos a la recesión iniciada en 1999 y seguida por la crisis de 2002. Ese gobierno buscaba pagar esa “deuda social” y, de la mano de un viento de cola que había comenzado en 2003 y soplaría fuerte por una década insuflando el precio de las materias primas, lo estaba haciendo.

Tanto la salida de la crisis a cargo del gobierno de Jorge Batlle, como la transición desde los gobiernos de los partidos fundacionales al del Frente, se habían realizado ordenadamente.

El primer gobierno de Tabaré Vázquez fue, además, reformista. Tanto el sistema tributario como el de la salud fueron objeto de ajustes importantes. En el primer caso, con la introducción, después de décadas, del IRPF, y el segundo, extendiéndolo a toda la población. Otro hito de ese gobierno fue el inicio del acceso a los mercados globales de deuda, con títulos en moneda nacional (UI).

Luego vino el gobierno de José Mujica donde se siguió usufructuando del viento de cola global hasta que cesó sobre el final del período, pero antes, desde su segundo año, empezó a haber rachas fuertes desde Argentina con la reaparición del dólar paralelo. A pesar de ello, la nave se mantuvo en piloto automático y empezó a zarandearse en zona de tormentas. Fueron tiempos de equipos paralelos en el área de la economía.

El tercer gobierno del FA debió subir impuestos en contra de promesas y juramentos pre electorales y no tuvo más remedio que pasarle factura a su antecesor. No ajustó sus coordenadas de vuelo lo suficiente como para encaminar la nave en las nuevas condiciones del entorno. Ejemplo de ello fue el mantenimiento del salario real creciendo más que el PIB al costo de una creciente pérdida de puestos de trabajo (más de 50 mil en el quinquenio).

El común denominador a los tres gobiernos del FA, factótum de su prudencia y del mantenimiento de las reglas de juego del Uruguay tradicional fue Danilo Astori, que resultó decisivo para que el FA fuera gobierno al menos en los dos primeros turnos.

El cuarto gobierno de la veintena mostró el retorno de los partidos fundacionales, gobernando en coalición junto a otros. Debió enfrentar la crisis sanitaria global más importante en un siglo y lo hizo bien, de la mano del concepto de “libertad responsable” impulsado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Emprendió una reforma del sistema previsional, lo que denota coraje en un mundo bastante pusilánime, pero ella terminó “aguada”, según palabras del propio presidente, por la razón del artillero: la cuenta de los votos en el Parlamento. También se inauguró una nueva institucionalidad fiscal, si bien se terminó el período con una situación fiscal peor que la recibida.

En el tramo final de ese período la inflación abandonó su “zona de confort” en torno al 8% y se metió dentro del rango meta con techo en el 6%.

Finalmente, tenemos el primer año del quinto gobierno, del presidente Yamandú Orsi, que ha avanzado en materia de inflación llevándola al centro del rango meta (4,5%) y se encuentra en proceso de aprobación de su presupuesto quinquenal. Se avanzó también en materia de desindexación de los salarios. Y se plantea (una vez más, y van…) la convergencia hacia una situación fiscal más sólida hacia el final del período, sobre la base de más ingresos, en parte por nuevas fuentes impositivas.

En estos 20 años la inflación promedió 7,5% y la economía creció al 3,1% anual. Mientras tanto, el déficit fiscal se ubicó en 2,8% del PIB en el promedio de los últimos 20 años y en 4,1% en el promedio de los últimos diez. Al cierre de estos 20 años, la inflación se ubica bien por debajo del promedio referido, en 4,3%, mientras que el PIB está creciendo menos (2,3%) y el déficit fiscal es mayor (4,6% del PIB).

Pero ese crecimiento económico no fue parejo: se ubicó en 4,8% anual en la primera mitad (de viento de cola) y en 1,4% anual en la segunda. Prueba de que crecemos si el viento nos ayuda pero que no lo hacemos si hay calma. Pasa el tiempo y seguimos sin ponerle motor a nuestro velero de modo de poder crecer por las nuestras.

Y esto último es quizá lo más importante. Como se vio, en estos 20 años se introdujeron reformas que quienes vinieron después, no tocaron. Pero no hubo de esas reformas que mueven la aguja en materia de crecimiento económico. ¿Acaso es muy distinta la tasa actual de crecimiento de largo plazo de la economía de la de entonces?

El país ya se venía encareciendo en dólares a finales de 2005, al dejar atrás un país en crisis. Pero ese proceso de encarecimiento, con subidas y bajadas, se encuentra hoy en uno de sus máximos relativos en décadas. Para que las inversiones rindan, se les debe dar beneficios impositivos, renuncias tributarias y zonas francas, o sea, tratamiento VIP.

La evolución de los indicadores económicos no reconoce fronteras entre gobiernos de partidos o coaliciones diferentes. Tampoco hay diferencias en políticas tales como la gestión de la deuda pública (donde hasta se mantiene a los jerarcas “heredados”) o la referida a la promoción de la inversión.

No hay diferencias sustanciales (más allá de palabras y énfasis) entre los sucesivos gobiernos, que parecen satisfechos del rumbo y la velocidad. Y del velero al que no le han puesto motor.

Aunque el tango diga que 20 años no es nada, lo que puede ser cierto para un país, 20 años es mucho tiempo para cada uno de nosotros. Y es una pena que nuestros gobernantes no sepan, no puedan o no quieran aprovecharlos.

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Había conocido a Danilo Arbilla en la redacción de la calle Treinta y Tres, cuando Jorge Caumont, a la sazón mi profesor de micro economía en tercero de facultad, me invitó a trabajar en Búsqueda, a finales de 1983. Un fenómeno Danilo, con quien el “usted” que hasta hoy conduce nuestro trato nunca impidió el afecto y el cariño recíprocos.

Me dijo entonces: “Mire, Javier, usted va a estar en el gobierno y yo acá, en Búsqueda. Nos vamos a pelear tarde o temprano”.

Le dije que no imaginaba tal situación, que ello no iba a ocurrir.

Insistió: “Sí, así será, y yo voy a tener razón y usted no, pero va a pasar y después seremos amigos como ahora”.

Arbilla la tenía clara. Fue tal como el anticipó. En medio del fragor de la batalla en el gobierno, con tensión y nervios en el año del ajuste fiscal más grande de la historia (el nuestro, no el de Milei), un día me despaché contra Búsqueda (que no hacía otra cosa que su trabajo) ya ni recuerdo por qué. La respuesta de Arbilla fue contundente: me hizo protagonista de las “Frases de la Semana” con seis o siete grageas que me pegaron duro (dichos míos, por cierto).

Dos años más tarde estaba escribiendo columnas en Búsqueda y hasta el día de hoy hay un afecto y una consideración mutuos a prueba de balas.

Unas décadas después, me encontraba con una persona de mi amistad, a quien había invitado a almorzar en vísperas de su acceso a un gobierno. Décadas de amistad con esta persona. Le conté aquella historia con Arbilla y le dije: “ahora soy yo quien te digo a ti lo que Arbilla me dijo entonces”.

Sólo me equivoqué en una cosa: esa persona no volvió a ser mi amiga. Lo cual lamento mucho. Pero no fue mi decisión sino su reacción ante la crítica. Crítica que corresponde realizar profesionalmente a quienes de un modo u otro ejercemos el periodismo, ya sea mediante información, investigación o, como en mi caso, con opinión y análisis. Más allá de amistades, afectos, afinidades y cualquiera sea la relación con quienes ejercen la función pública.

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